“Aquí hay oro y quien sabe cuántos metales más; pero desgraciado el que se le ocurra trabajarlos, porque hará infelices a estos ranchos y traerá un sinfín de calamidades”. La frase es de Agustín Yáñez, el escritor tapatío autor deLas tierras flacas, donde retrata los efectos que provoca la modernidad en los pueblos rurales y advierte acerca de los nocivos efectos de la industria minera sobre los seres vivos y la naturaleza toda. En Zacualpan, comunidad nahua ubicada en el municipio de Comala, el lugar que Juan Rulfo inmortalizó en su Pedro Páramo, lo saben. Desde hace meses sus habitantes luchan por echar abajo dos concesiones que autorizan a sus titulares extraer oro, plata, hierro, cobre y manganeso, sobre una extensión de 200 hectáreas, de las 360 que el gobierno federal ha otorgado en el estado, que abarcan prácticamente todo su territorio.
Como sucede en otras latitudes de la República mexicana, para la autorización de la exploración y extracción de esos metales de las entrañas de la tierra el gobierno ni siquiera avisó a los afectados, menos les pidió su consentimiento, como era su obligación. Por eso, y porque dichas actividades afectarían a cerca de 3 mil personas que componen la comunidad, éstas andan inconformes. Y no es para menos, pues si las actividades mineras llegan a realizarse, aparte de destruir sus tierras comunales correrían la misma suerte la biodiversidad de la región y el agua, que terminaría contaminada. Esto último tendría efectos expansivos debido a que en Zacualpan nace el manantial que abastece Colima y Villa Álvarez, dos ciudades grandes del estado, lo que podría representar una afectación para 270 mil personas más fuera de la comunidad donde la minería pretende instalar sus reales.
Como medida defensiva y echando mano de su derecho a la autonomía, el 18 de noviembre pasado los habitantes de Zacualpan, organizados en el Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan y apoyados por varias organizaciones locales y nacionales, acordaron no otorgar su consentimiento para la instalación de la mina. Con ese antecedente, el comisariado de bienes comunales, quien trabaja para que se instale la mina contando con la anuencia de la delegada de la procuraduría agraria del estado, decidió suspender la reunión que tenían convocada para el primero de diciembre, donde pensaban dar su anuencia para que la minera comenzara a trabajar.
La inconformidad de los comuneros aumentó y decidieron seguir adelante con la asamblea, declarando sus tierras comunales territorio libre de minería, alegando violación a su derecho a ser pueblos, proveer a su propio desarrollo, controlar la integridad de su territorio y el derecho a la consulta.
El 4 de diciembre, los comuneros se manifestaron en la Cámara de Diputados del estado, demandando su intervención para que las concesiones sean canceladas. Ahí tuvieron eco y el día 11 de ese mes el Congreso aprobó un punto de acuerdo por el que exhorta a las autoridades correspondientes a cancelar las concesiones. Ese mismo día solicitaron a la procuraduría agraria una asamblea para acordar la destitución de sus representantes de la comunidad, pero la delegada rechazó la petición alegando que antes debía actualizarse el padrón. Que se trató de una maniobra para evitar la destitución de los representantes agrarios por actuar contra la voluntad de sus representados, quedó claro el 2 de febrero, fecha en que la misma procuraduría agraria convocó a otra asamblea, pero no para tratar asuntos que interesan a los comuneros sino para ofrecer proyectos productivos, lo que molestó a los inconformes, porque además se hicieron acompañar por elementos policiacos para intimidar a la comunidad.
En este ambiente de crispación, los días 15 y 16 de este mes se realizará en la comunidad de Zacualpan un foro nacional de afectados por la minería. Convocado por el Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan, la Organización Bios Iguana y la Red Mexicana de Afectados por la Minería, el evento espera reunir a delegaciones de varios estados para analizar los efectos de esta industria, recuperar la experiencia de otros pueblos y elaborar estrategias que apuntalen la defensa de sus derechos.
Se trata de un acto importante, porque entre sus propósitos se encuentra la articulación de los esfuerzos locales que se oponen a la minería para construir un frente común que les permita cambiar la correlación de fuerzas de las comunidades contra la empresas trasnacionales, que hasta ahora ha sido favorable a éstas, debido a su importancia económica y a su influencia en la esfera política. Si prospera, los participantes estarían evitando a la gente la infelicidad y calamidades de las que nos advertía Agustín Yáñez, y manteniendo la magia de los pueblos con los que nos maravilló Juan Rulfo.