En un Estado Democrático de Derecho, las personas rigen sus vidas por las leyes y las instituciones. En él, la propiedad es un derecho fundamental y la posesión de un terreno tiene protección cuando es legítima.
Cerca del proyecto minero Conga se ubica el Predio “Tragadero Grande”, de 25 hectáreas. Máxima Chaupe sostiene que ella y su familia ocupan este predio desde 1994, año en que lo compró, y acredita su derecho con un certificado de posesión y una transferencia de dominio realizada a su nombre y al de su esposo. Sin embargo, Minera Yanacocha afirma, sin la suficiente acreditación, que el terreno es suyo y por ello denunció a Máxima y a su familia por delito de usurpación. Hubo un juicio en donde éstos fueron absueltos en segunda instancia, cuya sentencia se leyó el 20 de diciembre de 2014. Minera Yanacocha no satisfecha con el fallo, presentó un recurso extraordinario de casación, cuya sola presentación no suspende la ejecución de la sentencia.
La sentencia de segunda instancia, además de declarar la inocencia de Máxima y su familia, ordenó la cesación (finalización) del desalojo preventivo que existía contra ellos; pero también el cese de la administración provisional del predio “Tragadero Grande” que el juez de primera instancia otorgó a minera Yanacocha. Este mandato judicial se debió cumplir. Sin embargo, el día 3 de febrero, la empresa minera, a través de un contingente numeroso de agentes de seguridad, seguido de cerca por 20 policías de la DINOES, se hizo presente en el terreno y destruyó una vivienda en construcción de la familia Chaupe. Al respecto, el abogado de minera Yanacocha, Wilby Cáceres, ha manifestado que: “Lo que ha ocurrido es que algunos miembros de la familia Chaupe han iniciado la construcción de una nueva casa en una zona distinta a la ocupada anteriormente y que todavía forma parte de un proceso judicial que aún no ha concluido.”
Volvemos a señalar, en el Estado de Derecho peruano, la presentación de un recurso extraordinario de casación no suspende la ejecución de la sentencia. Si la sentencia señala que ya no se realizará el desalojo de la familia Chaupe y que la administración del predio deja de estar en manos de minera Yanacocha, nos preguntamos ¿por qué esta empresa argumenta defensa posesoria y la policía la respalda en ello? ¿Cómo se explica el desacato del fallo judicial? ¿Será que sus funcionarios piensan que no habrá sanción y que por lo tanto, su comportamiento quedará impune? ¿Si la policía está para hacer cumplir la ley y los fallos judiciales, por qué auxilia un acto ilegal y se muestra en contra de una persona que se encuentra en una situación de indefensión? Evidentemente, hay un problema serio en el funcionamiento del Estado peruano que da cuenta de una distorsión profunda en el cumplimiento de sus fines.
El recurso de casación planteado por minera Yanacocha ha sido declarado inadmisible el 4 de febrero y con ello el juicio queda completamente cerrado. ¿Esto significa que Máxima Chaupe podrá estar tranquila? En un Estado de Derecho debería estarlo, pues si Yanacocha quiere disputarle el derecho de propiedad o la posesión, lo tendría que hacer judicialmente a través de un proceso civil. En el escenario actual, el Estado debería garantizar a Máxima Chaupe y su familia el ejercicio pacífico de sus derechos y su no perturbación. Dado el curso de los hechos, nos preguntamos si ¿realmente lo hará?
Este caso nos enfrenta a la precariedad de nuestra democracia. Nos hace saber que en el Perú existe un doble estándar en la protección efectiva de derechos. El que vale principalmente para las empresas o personas con poder económico y el que vale para el campesino o poblador rural. En el primer caso, el derecho a la propiedad o el de la posesión (esta lógica también se aplica a las concesiones de recursos naturales) es casi absoluto y cualquier limitación es considerada inaceptable, dando lugar a apasionadas defensas de muchos líderes de opinión. En el otro caso, su protección se relativiza y su violación es tolerada por la sociedad y principalmente, por el Estado.
El caso de Máxima Chaupe nos deja a los ciudadanos comunes una sensación de desamparo frente a la arbitrariedad que requiere ser denunciada y que demanda reformas profundas que nos permitan sentirnos es un país de iguales, en donde todos somos tratados con respeto.