La noticia de que se quería reactivar una explotación en Cerro Blanco desató una pueblada.
Un pueblo cordobés se alzó en rebelión y logró frenar el proyecto de reactivar una mina en el Valle de Calamuchita.
La pueblada fue tan importante que la Provincia finalmente desautorizó el proyecto debido al impacto ambiental que puede producir. Villa Yacanto de Calamuchita, un pueblo de algo más de 1.500 habitantes al pie de las Sierras Grandes, cuya principal actividad económica es el turismo, se unió contra la instalación de la compañía Complejo Minero Cerro Blanco. La historia de esta rebelión, relatada por el diario «La Nación», empezó cuando el empresario Jorge Warnholtz presentó un informe de impacto ambiental para reactivar una mina en desuso desde 1942, en el emblemático Cerro Blanco, en jurisdicción de Yacanto. La resistencia del pueblo se hizo sentir apenas trascendió la noticia y todos se movilizaron en una especie de pueblada: carteles, pancartas, folletos con el «no a la minería» se multiplicaron por todo el valle.
Tras meses de evaluación, el intendente de la localidad, Oscar Musumeci, muestra con orgullo una copia de la resolución de la Secretaría de Ambiente del gobierno de Córdoba, en la que consta que no se autoriza la explotación de esa mina. «Este es un triunfo de todos, porque nos subimos al mismo barco para lograr este objetivo», dice. Los fundamentos explicitan que «se incumplen condiciones de factibilidad» que establece la legislación provincial y, además, contradice una ordenanza municipal, que declaró la inviabilidad de esta explotación minera por razones de «preservación, conservación, defensa y mejoramiento del ambiente».
El municipio aprobó una ordenanza que fue clave en la decisión de Provincia (decreto Nº 066/2011). Allí se establece que es inviable la explotación minera en la zona porque se prioriza el cuidado del medio ambiente y la actividad turística vinculada. El empresario Warnholtz, por supuesto, no está contento. Habla de la importancia de la creación de puestos de trabajo vinculados a la minería, asegura que su proyecto no contamina el medio ambiente, cree que el Municipio no tiene derecho a legislar en la actividad minera y confía en que la Provincia revise su decisión. «Para nosotros la cuestión no está terminada. Se están encargando mis abogados», asegura.