por Servindi
Dos nuevos cables de Wikileaks datan del 17 y 19 de agosto de 2005, revelan la visión de los empresarios mineros sobre sus inversiones y los conflictos mineros en Perú.
Según uno de los cables los representantes de las mineras internacionales sostuvieron ante los embajadores de EE.UU. y Canadá que “fuerzas radicales” tienen poder para incitar el rechazo a la minería de las comunidades indígenas.
En la reunión se menciona como tales grupos radicales al partido Patria Roja, a obispos católicos, a organizaciones no gubernamentales (ONG), a los ronderos y a los narcotraficantes.
Las empresas que participaron de la reunión fueron Antamina, Newmont (Minera Yanacocha), Minera Quellaveco, Barrick y BHP Billiton (mina Tintaya).
En el cable se evidencia que las empresas mineras arriban a acuerdos con las embajadas para negociar con el Estado peruano temas relacionados con la seguridad y el “clima de inversión”.
En tal sentido, los representantes de las empresas solicitan que el Estado modifique su legislación a fin de saltar los escollos que le impidan actuar con libertad.
Según el cable, el director ejecutivo de Antamina solicitó que los profesores –se dice ligados a Patria Roja y al Sindicato de profesores SUTEP- sean rotados en las comunidades que se consideran conflictivas.
Además, sugirió que las embajadas insten a la Iglesia Católica para que roten a sus obispos de dichas zonas.
Para Felipe Cantuarias, vicepresidente Comercial y de Asuntos Corporativos de Minera Antamina, son los políticos locales los que promueven la violencia y tienen vínculos con ronderos y los cultivadores de coca.
Además, el representante de la minera Quellaveco culpa a las organizaciones no gubernamentales internacionales Oxfam América y Amigos de la Tierra, de fomentar el rechazo a la minería y de “explotar los bajos niveles de educación” de las zonas rurales del Perú.
PPK, un “aliado influyente”
Según el cable, James Curtis Struble, embajador de EE.UU., replicó que las ONG tienen derecho a expresar sus puntos de vista; sin embargo alentó a las empresas a presentar las pruebas que confirman su injerencia contra las mineras.
Struble consideró que el nombramiento de Pedro Pablo Kuczynski como primer ministro de Estado les permite tener “un aliado influyente en el gobierno” en el tema.
Carlos Santa Cruz, director gerente de la minera Yanacocha, menciona una Ley pendiente en el Congreso que permitiría trasladar a los detenidos por protestar a una jurisdicción diferente, para evitar que estos sean puestos en libertad.
http://www.servindi.org/