La política minera viene ocasionando graves afectaciones ambientales, sociales, culturales y económicas, que en muchos casos resultan irreversibles para comunidades y sus territorios. Esta aplanadora no descansa, pues en plenas festividades navideñas sigue avanzando amenazante. Desde las tres de la mañana del viernes 26 de diciembre, un grupo aproximado de 40 agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), comandados por el mayor Córdoba y el capitán Jara, acompañados por la personera de Landázuri, Eulalia Chacón, hicieron presencia en la zona de Río Blanco -municipio de Landázuri, provincia de Vélez en Santander- custodiando el ingreso de maquinaria pesada para la extracción de minerales en la zona.
Defender la Provincia de Vélez de la minería es defender la vida, el territorio y la cultura campesina.
Las comunidades campesinas se opusieron al ingreso de la maquinaria aduciendo que la minería es una actividad contraria a la vocación agrícola de la región. Tras la decisión de la comunidad, el Esmad procedió a lanzar de manera indiscriminada gases lacrimógenos, balas de goma y bombas de aturdimiento sobre la población campesina, ocasionando lesiones a varias personas que se encontraban en la zona.
De acuerdo a información suministrada por líderes de la comunidad de Río Blanco, 15 motos que estaban en el sitio del plantón campesino fueron retenidas por parte del Esmad y personal de civil que los acompaña. Los vehículos fueron movilizados hacia el centro de la vía y registrados en un video, para luego ser devueltas al sitio del plantón. Preocupa que este procedimiento sea el primer paso para justificar las agresiones contra las comunidades, o para adelantar montajes judiciales contra los líderes campesinos, como ha ocurrido en situaciones similares.
Por otro lado, el paso de las máquinas sobre el puente metálico vehicular de Río Blanco, puente utilizado por la comunidad y no apto para este tipo de maquinaria, resultó seriamente averiado a pesar de las advertencias de la comunidad. Los líderes de la región afirman que dicho daño pone en riesgo a los vehículos y pasajeros que transitan diariamente sobre el puente.
Le exijo a las autoridades civiles y de policía se garantice la integridad física y la vida de la comunidad de Río Blanco y se abran las investigaciones sobre los procedimientos seguidos por el Esmad, pues en su accionar se evidencia uso indebido de la fuerza. También hago un llamado a las autoridades ambientales para que revisen la licencia ambiental que, de acuerdo a análisis elaborados por organizaciones ambientales, contiene disposiciones que viola la ley 2 de 1959.
Como integrante del movimiento campesino y senador de la República, manifiesto mi firme propósito de seguir acompañando a la comunidad de Río Blanco en grave riesgo por los posibles perjuicios para los territorios, el ambiente y la vida campesina que acarrea la gran minería.
Denunciemos, acompañemos y apoyemos la defensa del territorio en la región de Vélez, apoyemos la producción campesina.
Que sean las comunidades quienes decidan sobre su propio territorio.