18 de Enero 2012
Gardenia Mendoza
Foto: Trinidad Cantú, quien perdió un hijo en la mina, observa una manta con los nombres de los trabajadores fallecidos. Tras el accidente ocurrido en el 2006, la mina Pasta de Conchos fue clausurada y no le permiten el paso a las familias de las víctimas. Archivo
Familiares siguen su lucha contra el gobierno y la empresa minera.
Última parte de la serie
NUEVA ROSITA, México.— El acceso está bloqueado. Montículos de piedra y tierra y alambres de púas fueron colocados por personal de Minera México para impedir el paso a los familiares de 63 trabajadores sepultados por la explosión de la mina Pasta de Conchos, en esta región carbonífera del norte de Coahuila.
Ahora mismo las familias no pueden llevar flores a sus muertos que no han sido rescatados, a pesar de sus peticiones, pero ellos siguen en pie: colocaron decenas de cruces de madera pintadas de colores a ras de carretera, hasta donde les es posible llegar, para llamar la atención.
“Que no se olvide”, dice Trinidad Cantú, de 60 años, y madre del minero Raúl Villasana, quien murió en el trágico siniestro que evidenció la falta de supervisión de las autoridades y la inseguridad con la que operan las minas de carbón desde hace lustros.
Los deudos no quitan el dedo del renglón: quieren los restos de los suyos y fundaron la organización Familia Pasta de Conchos que ha solicitado sin éxito una audiencia con el presidente Felipe Calderón en seis ocasiones, después de acusar a Javier Lozano –entonces secretario del Trabajo y hoy aspirante a una senaduría- de ponerse de lado de los empleadores.
A unos días del sexto aniversario de la tragedia ocurrida el 19 de febrero de 2006, sólo han sido rescatados dos cuerpos de los 65 que fueron sepultados y las indemnizaciones fueron tan bajas -–entre 2,000 y 16,000 dólares- que algunos de los dolidos las rechazaron, a pesar de que estos pagos se tasaron al doble del salario diario que percibían los mineros (alrededor de 10 dólares).
Como un dato comparativo en tragedias similares: la indemnización que recibió cada uno de los 29 trabajadores fallecidos en el estado de Virginia, en Estados Unidos, por la explosión de la mina Upper Big Branch en abril de 2010, fue de alrededor de 1.6 millones de dólares. Y para cerrar el caso, los dueños deberán pagar 150 millones de dólares más.
La Secretaría del Trabajo en México dio por cerrado el caso de Pasta de Conchos en 2008, sin la satisfacción de las familias de los trabajadores que culpan a la compañía de no tomar las medidas necesarias de seguridad para evitar la tragedia: antes de la explosión los mineros se quejaban de altas concentraciones de gas metano en la mina.
En 2006, las familias presentaron un reclamo ante la Organización Internacional del Trabajo contra el gobierno de México por incumplimiento de los Convenios Internacionales y un Comité Tripartita responsabilizó al gobierno de México por negligencia, pero el juicio continúa.
El 19 de febrero de 2010 también se interpuso una petición de Juicio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
“Sabemos que son procesos largos y que hay esperar”, dijo Trinidad Cantú como miembro de Familia Pasta de Conchos y desde la sala de su casa, donde libera una batalla paralela: el gobierno municipal quiere derribar su casa , como ya lo hizo con 200 más en la colonia La Rovirosa en Nueva Rosita, su ciudad, para ampliar un tajo de Minera México.
Raúl Villasano, el esposo, compró el terreno en 1972 y construyó dos cuartos a los que se han ido agregando la sala, el comedor y la cocina hasta hacer un espacio amplio con un traspatio amplio donde se extiende sobre la pared una manta con el nombre y las fotos de la mayoría de las víctimas de Pasta de Conchos; entre ellos la de su hijo, como un altar.
“No nos queremos ir de aquí porque hay una historia de familia y porque a quienes aceptaron mudarse no les han dado la nueva casa que prometieron las autoridades”, señaló Villasano, quien trabajó durante 50 años en la minería.
Él estuvo durante un año en bocaminas esperando el rescate fallido de su muchacho. “El gobierno y Minera México dicen que los cuerpos se calcinaron, pero durante todo el tiempo que observé los trabajos, nunca vi que sacaran nada calcinado”.
Las arbitrariedades contra las familias de los mineros en la región después de Pasta de Conchos –considerado un parteaguas en la visibilización de los problemas del carbón en la región- fueron denunciadas recientemente por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
En un informe publicado a mediados de este mes, reportó que las deficientes condiciones laborales de la región carbonífera en el estado de Coahuila, que provocaron la tragedia de Pasta de Conchos en 2006, continúan vigentes.
Detalló que del 2006 a la fecha han muerto 124 mineros en accidentes laborales e inició 17 quejas por presunta violación a los derechos humanos. De ese total, 10 quejas están relacionadas con accidentes donde 90 trabajadores perdieron la vida y seis resultaron heridos.
“Las condiciones con que se realizan los trabajos de explotación del carbón distan mucho de ser las idóneas para asegurar un trabajo digno”, refirió en el documento.
“En tanto que no se da cumplimiento a las medidas de seguridad e higiene indispensables, además de que las acciones emprendidas por el Estado no son suficientes para garantizar la integridad de los trabajadores, lo que contraviene sus derechos humanos a la legalidad, seguridad jurídica, seguridad personal e, incluso, a la vida”.
Última parte de la serie
NUEVA ROSITA, México.— El acceso está bloqueado. Montículos de piedra y tierra y alambres de púas fueron colocados por personal de Minera México para impedir el paso a los familiares de 63 trabajadores sepultados por la explosión de la mina Pasta de Conchos, en esta región carbonífera del norte de Coahuila.
Ahora mismo las familias no pueden llevar flores a sus muertos que no han sido rescatados, a pesar de sus peticiones, pero ellos siguen en pie: colocaron decenas de cruces de madera pintadas de colores a ras de carretera, hasta donde les es posible llegar, para llamar la atención.
“Que no se olvide”, dice Trinidad Cantú, de 60 años, y madre del minero Raúl Villasana, quien murió en el trágico siniestro que evidenció la falta de supervisión de las autoridades y la inseguridad con la que operan las minas de carbón desde hace lustros.
Los deudos no quitan el dedo del renglón: quieren los restos de los suyos y fundaron la organización Familia Pasta de Conchos que ha solicitado sin éxito una audiencia con el presidente Felipe Calderón en seis ocasiones, después de acusar a Javier Lozano –entonces secretario del Trabajo y hoy aspirante a una senaduría- de ponerse de lado de los empleadores.
A unos días del sexto aniversario de la tragedia ocurrida el 19 de febrero de 2006, sólo han sido rescatados dos cuerpos de los 65 que fueron sepultados y las indemnizaciones fueron tan bajas -–entre 2,000 y 16,000 dólares- que algunos de los dolidos las rechazaron, a pesar de que estos pagos se tasaron al doble del salario diario que percibían los mineros (alrededor de 10 dólares).
Como un dato comparativo en tragedias similares: la indemnización que recibió cada uno de los 29 trabajadores fallecidos en el estado de Virginia, en Estados Unidos, por la explosión de la mina Upper Big Branch en abril de 2010, fue de alrededor de 1.6 millones de dólares. Y para cerrar el caso, los dueños deberán pagar 150 millones de dólares más.
La Secretaría del Trabajo en México dio por cerrado el caso de Pasta de Conchos en 2008, sin la satisfacción de las familias de los trabajadores que culpan a la compañía de no tomar las medidas necesarias de seguridad para evitar la tragedia: antes de la explosión los mineros se quejaban de altas concentraciones de gas metano en la mina.
En 2006, las familias presentaron un reclamo ante la Organización Internacional del Trabajo contra el gobierno de México por incumplimiento de los Convenios Internacionales y un Comité Tripartita responsabilizó al gobierno de México por negligencia, pero el juicio continúa.
El 19 de febrero de 2010 también se interpuso una petición de Juicio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
“Sabemos que son procesos largos y que hay esperar”, dijo Trinidad Cantú como miembro de Familia Pasta de Conchos y desde la sala de su casa, donde libera una batalla paralela: el gobierno municipal quiere derribar su casa , como ya lo hizo con 200 más en la colonia La Rovirosa en Nueva Rosita, su ciudad, para ampliar un tajo de Minera México.
Raúl Villasano, el esposo, compró el terreno en 1972 y construyó dos cuartos a los que se han ido agregando la sala, el comedor y la cocina hasta hacer un espacio amplio con un traspatio amplio donde se extiende sobre la pared una manta con el nombre y las fotos de la mayoría de las víctimas de Pasta de Conchos; entre ellos la de su hijo, como un altar.
“No nos queremos ir de aquí porque hay una historia de familia y porque a quienes aceptaron mudarse no les han dado la nueva casa que prometieron las autoridades”, señaló Villasano, quien trabajó durante 50 años en la minería.
Él estuvo durante un año en bocaminas esperando el rescate fallido de su muchacho. “El gobierno y Minera México dicen que los cuerpos se calcinaron, pero durante todo el tiempo que observé los trabajos, nunca vi que sacaran nada calcinado”.
Las arbitrariedades contra las familias de los mineros en la región después de Pasta de Conchos –considerado un parteaguas en la visibilización de los problemas del carbón en la región- fueron denunciadas recientemente por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
En un informe publicado a mediados de este mes, reportó que las deficientes condiciones laborales de la región carbonífera en el estado de Coahuila, que provocaron la tragedia de Pasta de Conchos en 2006, continúan vigentes.
Detalló que del 2006 a la fecha han muerto 124 mineros en accidentes laborales e inició 17 quejas por presunta violación a los derechos humanos. De ese total, 10 quejas están relacionadas con accidentes donde 90 trabajadores perdieron la vida y seis resultaron heridos.
“Las condiciones con que se realizan los trabajos de explotación del carbón distan mucho de ser las idóneas para asegurar un trabajo digno”, refirió en el documento.
“En tanto que no se da cumplimiento a las medidas de seguridad e higiene indispensables, además de que las acciones emprendidas por el Estado no son suficientes para garantizar la integridad de los trabajadores, lo que contraviene sus derechos humanos a la legalidad, seguridad jurídica, seguridad personal e, incluso, a la vida”.