Guatemala, 25 de septiembre 2009
La Misión Internacional de Verificación (1) de Violación de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, en su visita a Comunidades de Colotenango, El Estor, Sipakapa, San Miguel Ixtahuacan, Livingston y San Juan Sacatepequez, ha documentado como el impacto de las operaciones de extracción y de otros proyectos de desarrollo puede ser devastador para los pueblos indígenas.
Este impacto sobre las vidas de decenas de miles de personas que viven en comunidades empobrecidas amenazadas por las prácticas de empresas extractivas o en el marco de desalojos forzados, se concreta en la amenaza a su derecho a la supervivencia al dificultarse el derecho al acceso a la salud, al agua limpia, a la vivienda y a la tierra y a su forma de vida.
Cuando las comunidades se organizan para defender estos derechos reciben amenazas, difamación e intimidaciones, especialmente contra los y las líderes que se oponen a estos proyectos, y estas amenazas e intimidaciones se concretan, muchas veces, finalmente, en muertes, uso excesivo de la fuerza, divisiones de la comunidad, criminalización de la protesta legítima, indefensión jurídica, y agresiones contra mujeres en desalojos forzados.
Además del abuso concreto de derechos humanos, las víctimas y sus familiares soportan la impunidad sin que prácticamente en ninguno de las decenas de casos documentados por la Misión de Verificación, los presuntos responsables hayan sido llevados ante la justicia. En las únicas ocasiones en los que se han dado avances ante la justicia se han debido al esfuerzo de los familiares de las víctimas no al Ministerio Público.
La Misión también ha documentado que el Estado no es imparcial; si tras los abusos cometidos, las víctimas y familiares denuncian los hechos ante las diferentes autoridades se encuentran con la parcialidad manifiesta del estado que actúa con rapidez y diligencia tramitando denuncias de empresas extractivas y ejecutando con prontitud las órdenes de busca y captura hacia los miembros de la comunidad, mientras las denuncias de muertes, violaciones de mujeres, amenazas, intimidaciones de las comunidades empobrecidas caen en el olvido más absoluto cuando no en la hostilidad.
Por ejemplo, mientras el Estado tramita con inusual rapidez decenas de órdenes de busca y captura para habitantes de la comunidad de San Juan Sacatepéquez, apenas ninguna denuncia progresa en los tribunales de justicia sobre abusos y agresiones a miembros de las comunidades.
Otro ejemplo de impunidad documentado por la Misión de Verificación se da en Colotenango. En los últimos cinco años ha habido, al menos, seis casos de asesinatos en las comunidades, y solo en uno sus responsables han sido llevados ante la justicia. Sin que haya investigación formal y eficaz por parte de las autoridades responsables pareciera que todos los casos se califican como de crimen común. En opinión de la Misión, las decenas de casos pendientes de amenazas, agresiones, y asesinatos deben investigarse sin mas demora y esta investigación debe ser inmediata e imparcial, y sus métodos y resultados hechos públicos.
Las instituciones del Estado, al favorecer a las empresas extractivas sobre las comunidades, al incumplir sus obligaciones legales internacionales sobre el derecho a la salud, el derecho al agua o el derecho a la vivienda y a la tierra, es percibido por cientos de personas entrevistadas por la Misión como ausente, hostil a sus derechos y falto de credibilidad.
En este sentido o bien se incumplen los acuerdos alcanzados por parte del Estado con las comunidades o bien se niega sistemáticamente a éstas el acceso a la información sobre el impacto de las actividades de las empresas y se excluye a las comunidades de participar en decisiones que afectan a sus vidas, lo que exacerba la inseguridad y la privación. En sus visitas a decenas de comunidades La Misión de Verificación no ha encontrado ninguna en la que la comunidad haya podido participar desde el principio, como marca el Convenio 169 de la OIT, en todas las fases de la toma de decisiones, planificación, implementación y evaluación de cualquier actividad que afecte a sus derechos e intereses.
Ante esta situación y después de haberse entrevistado con cientos de personas de pueblos indígenas, la Misión Internacional de Verificación hace cinco recomendaciones concretas a las diferentes autoridades de Guatemala:
1) Reconocimiento claro de las demandas y aspiraciones de los pueblos indígenas y el derecho a sus condiciones de vida en el marco de la Declaración de Pueblos Indígenas de Naciones Unidas.
2) Deben investigarse los casos de abusos contra los derechos humanos documentados por la Misión Internacional de Verificación y esta investigación debe ser inmediata e imparcial, y sus métodos y resultados deben hacerse públicos.
3) Debe cumplirse el Convenio 169 de la OIT en cuanto a la participación de los pueblos indígenas en todas las fases de la toma de decisiones, planificación, implementación y evaluación de cualquier actividad que afecte a sus derechos e intereses. Este consentimiento debe obtenerse sin recurrir al engaño o la coacción.
4) Garantizar el derecho a la salud, el derecho al agua, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda y a la tierra y al territorio de las personas y las comunidades, especialmente en el marco de los proyectos de minería u otros ámbitos de actividad extractiva, ganadera y de plantaciones.
5) Decretar una suspensión de los desalojos en los casos de disputa sobre derechos laborales o propiedad de la tierra.
Información de Contexto
La Misión Internacional de Verificación, formada por organizaciones internacionales y nacionales y personas de Costa Rica, El Salvador, España y Uruguay visitó del 20 al 25 de septiembre del año 2009 a cientos de personas en comunidades de Colotenango, El Estor, Sipakapa, San Miguel Ixtahuacán, Livingston y San Juan Sacatepequez invitada por la Mesa Pueblos Indígenas y Campesina.(2)
Los resultados de esta visita se plasmarán en una serie de cartas dirigidas a las autoridades de diferentes instituciones del Estado guatemalteco, y en la recopilación de una serie de casos de abusos contra los derechos humanos documentados durante la visita.
[1] El nombre completo es “Misión Internacional de Verificación de Violación de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas” formada por Amigos de la Tierra, Amnistía Internacional, Centro Salvadoreño para la Tecnología Apropiada, Coordinadora de Comunidades Ecologistas la Ceiba de Costa Rica y el Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional del País Vasco (HEGOA).
[2] La Mesa