En los últimos días, el gobierno ha insistido sobre la necesidad de viabilizar y reforzar la cartera de proyectos mineros, que durante los próximos cinco años permitirían una inversión de US$14,000 millones. Sin embargo, y en paralelo, también se vienen anunciando próximas medidas de una reducción mayor de los estándares ambientales (o «sinceramiento», como lo ha llamado el MINAM: La República, 01-03-2017) y un conjunto de simplificaciones de trámites (Gestión, 28-02-2017) (esto último, en un Estado sin institucionalidades fuertes, permite menor rigurosidad al momento de otorgar las autorizaciones).
Grafico muestra (Inversiones a nivel mundial en exploraciones mineras, 1993-2016)
En vez de «sincerar» normativa, la pregunta central para todos los peruanos y peruanas, en momentos como los actuales, debería de ser en qué país queremos vivir en los próximos años. ¿Cuánta corrupción estamos dispuestos a tolerar? ¿Cuánta inseguridad ciudadana? ¿Cuánta contaminación del medio ambiente? ¿Cuánto contrabando?, etc.
El argumento para rebajar estándares y flexibilizar permisos, que viene repitiendo el actual gobierno y la SNMPE, es que las inversiones mineras en Perú están cayendo, principalmente en exploración. Pues es una «verdad a medias» y bastante tendenciosa si no se hace hincapié en las tendencias mundiales. De hecho, en la última semana de febrero, durante la Convención Internacional de Prospectores y Desarrolladores Mineros en Canadá, la más importante del mundo, apareció el último reporte de tendencias mundiales en la exploración minera, en el que se confirma un descenso drástico y continuo por cuarto año consecutivo desde el año 2013 (ver gráfico 1). La primera conclusión que debemos sacar es que el Perú no padece de ninguna «maldición minera» que no se esté viviendo en otras partes del mundo.
Lo segundo. Un dato clave es preguntarnos sobre el origen del descenso de las inversiones mundiales. Pues la respuesta aparece en el mismo gráfico anterior: junto a las barras que indican las inversiones mineras en exploraciones año a año, la línea azul indica el nivel de precios de los minerales1, y ambos datos siguen perfectamente la misma tendencia o camino. Es decir, para la industria minera a nivel mundial, el factor clave para invertir son los precios internacionales. De hecho, sin la subida reciente del precio del cobre no se podría explicar el interés de Anglo American por retomar el proyecto Quellaveco (paralizado en los últimos años por los bajos precios). Lo tercero que hay que tener en cuenta es que, en términos relativos, el Perú no ha variado sustancialmente su participación en las exploraciones mineras a nivel mundial. Luego de Canadá y Australia con una participación de 14% y 13%, respectivamente, y que lideran históricamente estas inversiones, le siguen EEUU (7%), Chile, China, Perú y México (6%), Rusia (5%), Sudáfrica y Brasil (4%), etc. Si comparamos este mapa frente a los últimos años, vemos que estas participaciones han variado mínimamente.
Esta campaña ya es conocida, y empezó el año 2013 con los primeros paquetazos ambientales. Sin embargo, una vez más no se contempla la otra realidad del país («la no empresarial»). Un dato revelador y reiterado numerosas veces es que el 70% de los más de 200 conflictos mensuales registrados por la Defensoría del Pueblo tienen como origen demandas socio ambientales. Por otro lado, 45% del total de conflictos son mineros, según cifras de la Defensoría y la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad. Sin embargo, ¿Qué estándares está ofreciendo el actual gobierno para solucionar los conflictos sociales? ¿Existe voluntad política en el presidente para crear un sistema nacional de conflictos, que tenga un enfoque de derechos que ampare a todos los peruanos y peruanas? ¿Seguirá concentrado únicamente en el adelanto social (obras públicas) para apaciguar cualquier vulneración de derechos? ¿Podemos aspirar a un estándar que asegure «ni un muerto más por conflictos» (en los últimos diez años ha habido 270 fallecidos y 4,600 heridos por conflictos sociales)? ¿Seguiremos siendo uno de los países más coercitivos en la región en términos de criminalización de la protesta? ¿Cuáles son los estándares para estos temas? ¿A qué convivencia ciudadana aspiramos?
Esta manera de encarar al país, a veces tan claramente economicista y sin instituciones, nos lleva a recordar que el 2001 se retorna a la democracia en el Perú, pero a una «democracia inconclusa», ya que con los años no se encararon las grandes reformas ni mucho menos se logró de que todos los peruanos y peruanas podamos dialogar y decidir en igualdad de condiciones.
Fuente:http://cooperaccion.org.pe/main/opinion/695-verdades-a-medias