25 de Agosto 2012
Se manifestaron por la vigencia de la Ley 7.722 y celebraron el primer aniversario del rechazo a la instalación del proyecto minero San Jorge en la provincia.
A un año del rechazo a la instalación del proyecto minero San Jorge en la provincia, cientos de vecinos y organizaciones ambientalistas marcharon ayer a la tarde para defender la vigencia de la ley 7.722, que prohíbe el uso de sustancias químicas en la minería a cielo abierto, y pedir que los jueces ratifiquen de forma plenaria (no sólo tres de los seis magistrados) la constitucionalidad de la norma frente al pedido de un grupo de empresas mineras que iniciaron acciones judiciales para que sea considerada contraria a la Carta Magna.
Con carteles en las manos, bombos y varios disfrazados de payasos -ya que consideran que el Gobierno no los toma en serio-, se congregaron desde las 19 en el nudo vial de Vicente Zapata y Costanera, de Ciudad. Durante su recorrido por distintas calles del microcentro, se manifestaron frente a la Legislatura y concluyeron la movilización ante el edificio del Poder Judicial.
El texto de algunos carteles rezaba: «Somos 75% agua y un 0% oro que defender», «Ley 7722, agua pura, defenderla», «Que toda la Corte Suprema de Justicia ratifique la absoluta constitucionalidad de la 7722».
Existen diez causas que están en manos de la Sala II de la Suprema Corte de Justicia, integrada por Mario Adaro, Herman Salvini y Carlos Böhm. Sin embargo, el debate aún sigue abierto, ya que algunos de sus miembros opinan que la decisión final sobre el futuro de la ley antiminera debería tomarse entre los seis jueces que componen el organismo, tal como vienen pidiendo públicamente los sectores ambientalistas.
Justamente, la semana pasada ambientalistas, integrantes de diferentes organizaciones de vecinos de toda la provincia y mendocinos se reunieron en la explanada del Poder Judicial para entregar por mesa de entrada una carpeta con 36 mil firmas de personas que apoyan el reclamo para que la ley 7.722 no sea modificada ni declarada inconstitucional.
Además de comunicar sus pedidos, los manifestantes recolectaron firmas para luego incorporarlas al expediente que ya fue creado.
«En menos de un mes reunimos más de 36 mil firmas en la provincia (más de tres por ciento del Padrón Electoral) que exigen la plena constitucionalidad de la ley», sostuvieron fuentes de la Asamblea Popular por el Agua en un comunicado.
Entre las entidades participantes figuraba Ampap (Asambleas Mendocinas por el Agua Pura), y los estribillos le exigían al Gobernador Paco Pérez que «cumpla sus promesas electorales».
En la columna había gente de la asamblea de Tupungato, de Conciencia Solidaria, cuyos integrantes visitaron hace poco San Rafael, y vecinos del Gran Mendoza, además de representantes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) cuya secretaria general, Raquel Blas, dejó en claro que «el gobernador se viene manejando como lo que es, siempre supimos que era un representante de los intereses de los grupos macro económicos; es evidente que todo fue una maniobra electoral y hoy sigue apoyando una medida económica en detrimento de la provincia».
Milca Vargas, delegada de Ampap y coordinadora de Asamblea por el Agua y Bienes Comunes, explicó a un medio provincial que «estamos aquí para continuar presionando; hace cinco años presionamos para que la ley 7722 se hiciera realidad. Hoy venimos a pedir que no se declare inconstitucional. Nuestro principal argumento está relacionado con que vemos cómo están otras provincias. Hay legisladores que pretenden flexibilizar y hacer más laxa la norma».
Tras el rechazo de las autoridades locales, la minera San Jorge (Coro Mining) modificó una vez más el proyecto original para la extracción de cobre en Uspallata (Las Heras). La idea de la empresa ahora es extraer los minerales acá pero llevarlos a San Juan para realizar allí la molienda. El proyecto se está analizando.
En setiembre, los legisladores malargüinos José Muñoz y Silvia Calvi (Frente para la Victoria) presentarán su proyecto de modificación de la ley 7.722 con la intención de hacer cambios que permitan el desarrollo minero sustentable en la provincia de Mendoza, sobre todo en Malargüe.
