Centenares de vecinos y activistas ambientales protestaron hoy en Montevideo contra la inminente firma de un acuerdo entre el Gobierno uruguayo y la empresa minera Zamin Ferrous que habilitará el proyecto minero de Aratirí, una gigantesca mina de hierro a cielo abierto que se ubicará en el corazón del país.
Ante unas inusuales medidas de seguridad, que acordonaron una cuadra entorno a la sede de la Presidencia de la República, los manifestantes, en su mayoría jóvenes, expresaron su rechazo tanto al proyecto como a las formas en las que se está desarrollando la firma del mismo y alertaron sobre el daño medioambiental y la falta de beneficios reales para los uruguayos que tendrá su puesta en marcha.
«Pedimos que no se firme el contrato, que se ampara en una ley inconstitucional, aprobada en el Parlamento solo con votos oficialistas y de urgencia porque la empresa minera tenía urgencia», dijo a Efe Germán Parula, de la Asamblea Pachamama Uruguay, una de las convocantes a la movilización.
Según apuntó Parula, el proyecto Aratirí pretende desarrollarse en una zona «fértil y productiva» y generará unos daños «inaceptables» sin que haya nada que pueda compensar si finalmente se pone en marcha.
El proyecto minero pretende invertir más de 1.000 millones de dólares en un complejo minero de 6.210 hectáreas, un mineroducto de 212 kilómetros y una terminal portuaria en el océano Atlántico para exportar 18 millones de toneladas de hierro al año.
En un primer momento, el acuerdo se iba a cerrar en 2011, pero presiones ambientalistas y políticas obligaron al Gobierno a modificar las leyes mineras para acomodarlas a un proyecto de una envergadura sin precedentes en el país.
La nueva norma, aprobada el año pasado, establece nuevas normas de gestión ambiental y social y el aprovechamiento fiscal de las rentas obtenidas por la venta del mineral.
Según el Gobierno y la empresa, el proyecto generará grandes beneficios económicos y empleo de calidad en la zona, hoy dedicada a la ganadería, y podría derivar en un incremento de la industria en el país.
Sin embargo, para Parula esta capacidad de desarrollar una industria local aprovechando el mineral «no existe», ya que el país no cuenta con capacidad para hacerlo en el corto plazo, mientras que dudó de los planes gubernamentales que dicen que Aratirí dejará el 50 % de sus beneficios en el país a través de impuestos y cánones.
«Es una ilusión. Las mineras en América Latina no dejan más del 20 % de sus ganancias en cánones y aquí dicen que dejará la mitad. Es sorprendente», añadió.
Asimismo, también dudó de la creación de puestos de trabajo, ya que otras grandes inversiones en el país, como la planta papelera de UPM, también prometían mucho y «hoy emplean a menos de 200 personas».
«No creemos en este tipo de crecimiento, y la historia de América en este sentido nos ha aleccionado bastante bien», indicó Parula.
Precisamente hoy mismo el directorio del opositor Partido Nacional (conservador), se pronunció contra la firma del convenio por Aratirí, y exigió al gobierno respetar la ley y los procedimientos antes de hacer nada parecido.
Documento leído en la manifestación
La Asamblea Nacional Permanente expresa su categórico rechazo a la inminente firma del contrato de inversión entre la empresa Zamin Ferrous (Aratirí) y el Poder Ejecutivo. Este contrato de inversión implica la entrega lisa y llana de nuestros bienes naturales y nuestra soberanía. Representa un paso más en la consolidación de un modelo que hipoteca nuestras posibilidades de un desarrollo regional soberano.
Señalamos el carácter inconstitucional de la Ley de Minería en la que este contrato de inversión se ampara, ley que atenta directamente contra el artículo 47 de nuestra Constitución artículo que tuvo su génesis en la lucha popular-, y contra los preceptos constitucionales de soberanía e igualdad ante la ley.
El Proyecto Megaminero, junto a la Planta Regasificadora de Puntas de Sayago y al Puerto de Aguas Profundas en Rocha, configuran una trilogía interdependiente que forma parte de un modelo continental basado en una lógica depredatoria y contaminante, que antepone los intereses del capital a las necesidades de nuestros pueblos. Nos solidarizamos con la lucha que a través de toda Latinoamérica levanta la bandera de la dignidad contra el atropello extractivista.
Entendemos que no existe norma jurídica ni permiso gubernamental que pueda convertir a Aratirí en un emprendimiento aceptable. El pueblo uruguayo va a resistirlo, como históricamente resistió otros atropellos a su dignidad, aunque este proyecto obtenga para sus carpetas los más variados y coloridos sellos burocráticos.
Alentamos la movilización social y popular autónoma, como forma legítima de defender nuestros bienes naturales, y llamamos a redoblar la lucha para superar de una vez el carácter dependiente de nuestros pueblos y a construir una alternativa soberana y ambientalmente sustentable.
La tierra no se vende, ¡LA TIERRA SE DEFIENDE!
Asamblea Nacional Permanente en Defensa de la Tierra y los Bienes Naturales