La megaminería se hace un lugar en el ordenamiento jurídico de Uruguay, país que nunca fue minero pero que podría convertirse en el octavo mayor productor de mineral de hierro del mundo.
El proyecto de Ley de Minería de Gran Porte avanza en el bicameral Parlamento uruguayo, pero sin consenso político y despertando críticas sociales y ecologistas.
La iniciativa del Poder Ejecutivo, respaldada por el gobernante Frente Amplio (FA), declara la minería de gran porte “de utilidad pública”. Se le critica estar hecha a la medida de Aratirí, proyecto del grupo indio Zamin Ferrous para extraer 18 millones de toneladas de hierro anuales con una inversión prometida de 3.000 millones de dólares.
Pero ecologistas, pobladores y productores agropecuarios de las zonas donde se instalaría la explotación están haciendo ruido. La última movilización, el 10 mayo, reunió a más de 10.000 personas que marcharon por la avenida 18 de Julio, en el centro de Montevideo.
Según una encuesta realizada por la consultora Radar, ante la pregunta “¿Está usted de acuerdo en que se desarrolle la minería a cielo abierto en el Uruguay, como por ejemplo el proyecto de Aratirí?”, 46 por ciento de las personas entrevistadas se manifestaron en contra, 28 por ciento a favor, 12 por ciento no opinaron y 14 por ciento dijeron no conocer el tema.
El proyecto ocupará 4.300 hectáreas y comprende cinco minas de extracción a cielo abierto en 500 hectáreas, zonas para depósito de materiales estériles y áreas de maniobra y logística, una planta para triturar la roca y separar el hierro y un mineroducto de 212 kilómetros, que transportará la mezcla de concentrado de hierro y agua hasta un puerto exclusivo de gran calado a construirse sobre la costa del océano Atlántico, en una localidad eminentemente turística.
Pero todo el complejo, incluyendo las “zonas de amortiguación”, tendrá una extensión de 14.505 hectáreas en tres departamentos del centro y este de Uruguay: Durazno, Florida y Treinta y Tres. A eso deben sumarse cinco nuevas líneas de alta tensión para alimentar esas instalaciones y el puerto.
La oposición se manifiesta en propuestas y campañas locales para declarar “libres de megaminería” los departamentos de Treinta y Tres, Lavalleja (este), Rivera y Tacuarembó (noreste). En este último, donde hay solicitudes de prospección minera en 300.000 hectáreas, activistas sostienen que ya han reunido las firmas necesarias para convocar un referendo.
“Tacuarembó no tiene tradición minera. Es una zona de tierras muy fértiles con mucha capacidad para producir cosas vivas, y está encima del Acuífero Guaraní. Sus condiciones naturales están más bien orientadas a producir biodiversidad”, dijo a Tierramérica la productora rural Daniela Pírez, de la comisión Tacuarembó por la Vida y el Agua, que impulsó la recolección de firmas.
El proyecto de ley, que modifica el Código Minero vigente, contiene “disposiciones y beneficios excepcionales que van dirigidos a habilitar el proyecto” Aratirí, señala el Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus).
“Esta ley tiene un nombre y apellido: Aratirí. Todo empieza con eso, más allá de que pueda haber otro emprendimiento minero”, dijo a Tierramérica el senador Sergio Abreu, del opositor Partido Nacional.
El senador del FA y exministro de Industria, Daniel Martínez rechazó esa acusación. La ley “fue pensada en un marco de megaminería en general, porque hay muchos proyectos que están entrando en Uruguay, y la idea era tener una ley especial que obligara mayores protecciones ambientales y recursos para el Estado”, dijo a Tierramérica.
Pero, de momento, los proyectos existentes tienen un tamaño 10 veces menor al de Aratirí, según la Cámara de la Industria Minera del Uruguay.
Aratirí será la mayor inversión extranjera directa en la historia de este país. Según la empresa, “generará un valor agregado bruto a la economía de 1,5 por ciento del producto interno bruto durante 20 años y exportará 1.400 millones de dólares por año”.
La firma también sostiene que se crearán 1.500 empleos directos, 10.500 indirectos y entre 3.000 y 4.000 puestos de trabajo en su construcción.
En cuanto al régimen tributario, el proyecto de ley sostiene que las actividades mineras y conexas “no serán objeto de la aplicación de regímenes promocionales por los que se otorguen exoneraciones en materia de Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE)”.
Pero permite aplicar exoneraciones de varios impuestos, previstas en la ley de inversiones, que podrían sumar entre 700 y 1.000 millones de dólares para Aratirí.
Además, el texto establece que “los costos de prospección, de exploración y de estudios ambientales incurridos durante los períodos previos a la concesión, vinculados directamente al proyecto de Minería a de Gran Porte objeto del contrato respectivo (…) podrán volcarse a pérdidas en el primer ejercicio económico en que comience la producción o amortizarse a cuota fija desde dicho ejercicio en un período de cinco años”.
Martínez consideró que “hay un aumento muy importante de carga impositiva”, si bien “este proyecto tiene exoneraciones que podrán ser discutibles o no. Cualquier inversión en el país tiene exoneraciones del impuesto al valor agregado a las importaciones y al IRAE”.
Otro punto polémico se refiere al plan de cierre de las minas. Para el Movus, este no tiene límites precisos. Además, “Aratirí expresó ante la Comisión del Senado que su plan es que esos inmensos cráteres se rellenen con agua de lluvia a lo largo de 80 años”.
La figura de “Uruguay Natural” una marca con la que busca promocionarse este país en el exterior, parece no coincidir con una explotación minera intensiva.
Martínez señaló que “hay gente que confunde Uruguay Natural con país agrario, el país de la miseria y la explotación y no hay nada que contamine más que la pobreza. O diversificamos la matriz productiva, avanzamos en sectores de mucha más tecnología y valor agregado o vamos a ser un país pobre toda la vida”.
El periodista Víctor Bacchetta, del Movus, no cree que esta nación sudamericana tenga potencial para ser “megaminera”.
“Uruguay es un país pobre en minerales, no tiene grandes yacimientos como Chile o Perú. La explotación que propone Aratirí es de 12 años, según lo que se desprende del Estudio de Impacto Ambiental y Social, y luego de eso se acabó todo”, dijo Bacchetta a Tierramérica.
“Eso hace más absurdo el proyecto para Uruguay, porque es un país con un ecosistema privilegiado en términos de fertilidad de la tierra y recursos hídricos que no se tienen en la cordillera (de Los Andes) donde no se puede hacer otra cosa”, agregó.
El gobierno todavía no aprobó el Estudio de Impacto Ambiental. La empresa también ha dicho que esperará el resultado final del texto legal para firmar el contrato con el Estado que dé inicio a la operación.