19 de Abril de 2011
«De ser así sería grave, porque se trata de un metal pesado, altamente tóxico, que se mete en la cadena alimentaria y provoca lesiones muy severas en la salud humana, y 74 kilos constituyen una enormidad como contaminación», advirtió Alazar, quien también dijo no entender «las contradicciones del gobierno uruguayo, que por un lado está en un juicio con Phillips Morris por el humo del tabaco y mientras tanto sigue protegiendo a la empresa finlandesa».
19/04/2011. En un informe de noviembre pasado, la sede uruguaya de la Red de Acción en Plaguicidas y sus alternativas en América Latina (RAPAL) afirmó que, según reportes de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA) de Uruguay de agosto 2009, UPM volcó al río en un semestre un total de «74 kilos de mercurio», lo que significa «una descarga anual de 148 kilos de una sustancia muy contaminante».
La red RAPAL, formada en 1983 por especialistas que luchan contra la contaminación y agrotóxicos, indicó que si bien la dependencia oficial sostiene que la fábrica cumple con las «Mejores Técnicas Disponibles» para el cuidado del ambiente, detectó volcado de mercurio al río.
Aunque el informe de la DINAMA señala que «las sustancias vertidas están por debajo de los límites permitidos», la ONG detalló que «como resultado de la bioacumulación, ya se podría estar consumiendo este mercurio a través del pescado sacado del río».
«Dado que no existen estudios en Uruguay que digan qué ocurre con este mercurio liberado al ambiente por UPM, sí se sabe que éste eventualmente se deposita en el suelo y en el agua y una vez allí, los microorganismos lo transforman a metil-mercurio, que se bioacumula en las cadenas alimenticias, incluyendo a los peces», dice el informe de RAPAL que causó revuelo, dado que a nivel mundial se trabaja para que el mercurio sea incluido en la lista de sustancias a ser eliminadas en el Convenio de Estocolmo, por ser tóxico bioacumulable, persistente y que se biomagnifica.
Gustavo Rivollier, integrante de la Asamblea Ciudadana Ambiental Gualeguaychú, dijo que «el tiempo nos da la razón. Están saliendo a la luz los temas que denunciamos desde hace más de cinco años y es porque se acerca el momento de controlar los efluentes y analizar qué tienen las aguas». El asambleísta se refirió así al reciente acuerdo rubricado entre los gobiernos de Argentina y Uruguay para el monitoreo conjunto de las aguas y de la planta de celulosa, que comenzaría a realizarse a fines de diciembre o principios del 2011.
Por su parte, el asambleísta Martín Alazar advirtió que «para defender a Botnia-UPM, Uruguay dice que la planta funciona dentro de los estándares pero el mercurio no tiene estándar», además, según agregó su coterráneo José Pouler, «los parámetros informados por DINAMA eran en base a los informes de la misma UPM. Recién se va a conocer qué sucede verdaderamente después de los controles conjuntos».
«De ser así sería grave, porque se trata de un metal pesado, altamente tóxico, que se mete en la cadena alimentaria y provoca lesiones muy severas en la salud humana, y 74 kilos constituyen una enormidad como contaminación», advirtió Alazar, quien también dijo no entender «las contradicciones del gobierno uruguayo, que por un lado está en un juicio con Phillips Morris por el humo del tabaco y mientras tanto sigue protegiendo a la empresa finlandesa».
RAPAL dedicó su informe mensual de noviembre a las «fábricas de celulosa, producción de cloro y emisión de mercurio», donde analizó el caso de UPM. Allí aludió que la compañía utiliza un sistema de blanqueo denominado «libre de cloro elemental (ECF por sus siglas en inglés), que es «contaminante y dentro de su contaminación está la emisión de muchos elementos peligrosos entre los que se encuentra el mercurio».