Esta semana conocimos el reclamo de la comunidad Mapuche Lof Rukache, ubicada en el Paraje de Agua Nueva, Distrito de Agua Escondida (Malargüe). En su comunicado, denunciaron que más de diez empleados pagos, oriundos de San Rafael y Mendoza, estaban alambrando y dejando encerrados un puesto de crianza de animales de la comunidad y gran parte de su campo de talaje, así como asistencia sanitaria a pobladores.
Este avance cuenta con un antecedente cercano, ya que en 2008-2009, “Chafi” Félix -ex intendente de San Rafael durante la última Dictadura Militar-, realizaba alambrados en el sector este del lugar, que privaban a pobladores de sus campos de pastoreo. “Hoy la tensión es evidente, los alambrados son más y la gente no puede pasar a que sus animales pastoreen, ni salir a venderlos. Han instalado alambrados sobre rutas de acceso provinciales que impiden el acceso también de los agentes sanitarios que atienden la salud de los enfermos”, aseguró en rueda de prensa a La Izquierda Diario Gabriel Jofré, referente de la Organización Territorial Malalwece.
En diálogo periodístico y luego de visitar la zona, Jofré no dudó en señalar que la situación cursa horas tensas, bajo la amenaza de constante desalojo. “Queremos aclarar que, acompañados por la Asamblea por los Bienes Comunes y la solidaridad de distintos sectores, lo que está pasando en Agua Nueva es un posible desalojo a futuro porque se ha iniciado y llevado adelante un alambrado que ha dejado adentro varios puestos de talaje, entre ellos los que pertenecen a la comunidad Ruca Che. La familia Cortez o Martínez, en época de crianza de animales se están viendo afectadas porque no pueden llegar a su lugar. No ha habido violencia, no porque la gente no quiera agredir a quienes han venido a alambrar, sino porque hay un procedimiento legal al que nos hemos ajustado. Denunciamos un indebido accionar de la justicia, que no ha tomado todas las instancias necesarias. Por esto, Agua Nueva está en estado de asamblea permanente y el sábado estamos convocando a las comunidades y organizaciones a acompañarnos para que vean lo que está sucediendo”, relató Jofré.
Tras haber llevado ayer esta situación a la justicia en San Rafael, Jofré precisó, “nos hemos reunido con miembros de la cámara de apelaciones que dictó la sentencia que sostenemos es contradictoria , con el inspector general de justicia, encargado de revisar procedimientos y la fiscal general. Ellos entendieron nuestros reclamos, abrieron los canales para hacer las apelaciones necesarias y reconocieron que hay una deuda acerca de una fiscalía y un juzgado de instrucción. Durante tres días no hubo policía en el destacamento y no pudimos profundizar las denuncias. Bajo esta tensión, que la policía no se encuentre, es un problema. Esto se suma a otros casos, donde la policía ha sido cómplice; algunos por querer saber más de lo que tienen que saber y en otros casos porque en realidad no sabemos si hay intereses que los llevan a no recibir denuncias”.
Donde todo parece aclararse es al momento de reconocer a los motores del conflicto: los intereses económicos mineros, su vinculación con caciques políticos pejotistas y la connivencia de estos con el estado. Haciendo responsables al gobierno comunal encabezado por el radical PRO Jorge Vergara y al gobierno de Alfredo Cornejo, Gabriel Jofré sumó, “denunciamos públicamente a Omar Félix y a la familia que hereda el campo de Chafí Félix en esta zona, donde se ubica el proyecto minero Don Sixto. Se han empezado a generar rumores en la zona, que hoy se ven claramente: la intención es cercar toda la zona de aguas (humedales que deberían estar protegidos), para que sea el futuro abastecimiento de agua para la mina de oro. Eso lo sabemos hace cinco años, época en la que se puso en marcha el conflicto y hemos llegado al punto que los alambrados han cercado a las once familias que están en Agua Nueva, tarea que han desempeñado en menos de dos semanas once personas ajenas a la zona. Queremos que se investigue si un puestero de la zona, que en esta época debe estar cuidando animales, tiene el sostén económico para hacerlo, si es quien realmente ha iniciado esos alambrados.
Yamana Gold, empresa que espera explotar Don Sixto, nos ha contestado que van a abrir la mesa de diálogo. Nosotros le dijimos a su representante Sebastián Agulles, que los hacíamos responsables de los conflictos sociales que ha dejado la empresa y no se hace responsable tampoco de las peleas que existen en la zona, que lleva a enfrentamientos entre vecinos”.