Una compañía canadiense planea construir la que será la mayor mina de oro a cielo abierto en Brasil, justo en el corazón de la selva tropical del Amazonas en las orillas del río Xingu. Sin embargo, activistas, varias ONG y grupos de defensa están librando una batalla por la tierra.
Belo Sun Mining Corp., con sede en Toronto, Canadá, está detrás del proyecto Volta Grande Gold, que planea extraer 600 toneladas de oro a lo largo de 12 años. La mina generará una cantidad de desechos tóxicos que aproximadamente duplica del volumen del Pan de Azúcar de Río de Janeiro. Una comunidad de 300 familias que viven de la tierra en las localidades de Vila Surf, Gallo y Ouro Verde tendrán que ser reubicadas si este proyecto avanza.
A principios de febrero, el Secretario del Estado de Pará otorgó una licencia de construcción a la empresa, que inició investigaciones en el territorio en 2008, pero dos semanas después la licencia fue anulada por 180 días por una demanda que presentó el defensor público del estado de Pará.
En el fallo, el juez Álvaro José da Silva Souza afirma que enviará el caso al Ministerio Público Federal (MPF) para investigar si hubo ocupación ilegal por parte de la empresa durante la compra de tierras públicas federales.
Las tierras en cuestión, Vila da Ressaca, Galo y Ouro Verde, constituyen el área llamada Ituna, que el gobierno federal otorgó en la década de 1980 a los campesinos durante de la reforma agraria.
El fallo también afirma que en los tres años siguientes a la emisión de la licencia preliminar del año 2014 y hasta la reciente licencia de construcción, la compañía no ha hecho nada para reubicar a los afectados de una forma digna. “Hallo completamente irracional e injustificable que hasta ahora las familias sigan dejadas a su suerte”, expresó. El juez ha dado un plazo de 180 días a la empresa para presentar un plan de reubicación de las familias afectadas y garantizar el libre acceso de las familias a la tierra durante este período.
La zona prevista para la mina ha sido severamente afectada por otro proyecto de desarrollo, la central hidroeléctrica de Belo Monte, que está en fase de prueba desde finales de 2015. La presa ha reducido en un 80% el flujo de agua en unos 100 kilometros de tramo del Río Xingu y ha causado la muerte de peces, deterioro de la calidad del agua y cambios drásticos en la forma de vida de las poblaciones indígenas y ribereñas desde el inicio de su construcción en 2011.
El proyecto minero de Belo Sun es visto como una bomba de tiempo ambiental, debido a la tragedia ocurrida cerca de Mariana en el estado de Minas Gerais. En noviembre de 2015, una presa explotó en una mina que pertenece a Samarco, empresa minera conjunta de las compañías BHP y Vale, que derramó miles de millones de litros de residuos en el río Doce, y mató a 19 personas y dejó a 700 sin hogar.
Una nota técnica emitida por Belo Sun en 2012, que abordaba las preocupaciones planteadas en una audiencia pública sobre el proyecto, fue firmada por el mismo ingeniero que había certificado la seguridad de la central hidroeléctrica Mariana cuatro meses antes de la explosión. En noviembre de 2016, él y otros 20 ejecutivos fueron acusados de homicidio por parte de los fiscales generales.
Consulta a las comunidades indígenas
Las comunidades indígenas directamente afectadas no fueron consultadas sobre el proyecto, como lo dispone la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de la cual Brasil es refrendario.
Solo seis días después de la emisión de la licencia de construcción, a principios de febrero, la compañía minera publicó en su página web, en inglés solamente, un plan detallado de exploraciones que se extienden por 120 kilómetros a lo largo del río Xingu. Si este se efectúa, el proyecto tendrá un impacto directo en al menos cuatro tierras indígenas: Paquiçamba, de la comunidad Juruna, Ituna/Itata, donde viven indígenas aislados, Arara da Volta Grande, de la comunidad Arara y Trincheira Bacajá, de la comunidad Xicrin. La legislación brasileña manifiesta que la concesión de licencias en esta zona debería realizarse a nivel federal (y no solo el estado de Pará), puesto que afecta directamente a las tierras indígenas.
Hasta ahora no ha habido ninguna consulta con las personas que se verán afectadas si el proyecto sigue adelante. “Tal y como está allí en el mapa, parece que no hay indígenas en el lugar, para Belo Sun nadie vive allí”, denuncia Mukuka Xicrin, líder de la comunidad Xicrin.
La concesión de la licencia de construcción también pasó por encima de la moción que realizó la autoridad brasileña sobre asuntos indígenas (Fundación Nacional del Indio, FUNAI), que reclama una nueva revisión del impacto a la comunidad indígena, ya que considera que la presentada por Belo Sun es insuficiente.
El Defensoría Pública de União (DPU) y la Defensoría Pública también se unieron con una petición para detener la licencia, con una segunda demanda que ratificó la corte estatal. El Ministerio Público Federal (MPF), que ya había hecho otras dos demandas anteriores en contra del proyecto, presentó una moción a la Secretaría de Medio Ambiente de Pará con sugerencias contra la licencia.