Álvaro BELTRÁN PINZÓN
El país se ha visto inundado en los últimos meses con una ofensiva mediática de las empresas mineras que dan cuenta de los logros que a su juicio merecen destacarse en el ámbito de su explotación. Sin embargo parece ser que con esta publicidad se transmite una información fraccionada y dispersa que no deja ver la verdad de las cosas. Detrás de las coloridas imágenes y voces agradecidas y contentas se cuece una amarga realidad. Así lo ha señalado en consecutivos informes el acucioso periodista Mauricio Gómez en el noticiero CM& los cuales no han sido desmentidos.
Los ingresos por regalías pasaron de $2.7 billones en 2004 a $8.8 billones en 2011, y el sector representa el 8% del PIB. Esto estaría muy bien si no se tuviera que atender la otra cara de la moneda: entre 2008 y 2010 se recibieron en total $17,000 billones de regalías pero en el mismo periodo la Nación les concedió a las empresas mineras $28,000 billones en deducciones tributarias y ventajas fiscales.
Abusos de todo tipo es lo que se advierte en este negocio entre los que sobresalen el de Cerromatoso cuando, en forma insólita, descontaba las regalías causadas del impuesto de renta a pagar, según denuncia de la Contraloría General de la República, y el reconocimiento que ha hecho el Director de la DIAN, en el sentido de que el Estado no lleva control alguno en la venta de los metales, base de la liquidación de las regalías, ya que en su mayoría estas transacciones se realizan subfacturadas en paraísos fiscales.
Cursan en el legislativo varias iniciativas de reforma al código minero, que se considera el más laxo de Suramérica, y el gobierno ha manifestado su voluntad para erradicar la minería informal. Si el país asumiera con carácter prioritario la reglamentación integral de la actividad, bien podría evitarse la afectación social, el daño ambiental, el despojo inútil de su riqueza y hasta una reforma tributaria.