En los últimos días se ha mencionado que la minería invertirá USD$ 2000 millones menos de lo proyectado para el 2013, cifra que representa un 33% menos de lo proyectado. Las causas que se mencionaron fueron los conflictos sociales –siendo esta la principal y la más sonada–, al igual que las «trabas burocráticas».
Para empezar, recordemos que en los años anteriores hay una diferencia sustantiva entre la inversión proyectada y la que efectivamente se realizó. Luego, al atribuir como únicas causas al retraso de proyectos de inversión mineros, tanto a las trabas burocráticas como a los conflictos sociales, se está obviando un paquete de razones que deben de ser consideradas.
Una causa es la caída en los precios de los metales de los últimos meses (con excepción del oro), otra el contexto incierto y de crisis que se vive en grandes economías, como la china, estadounidense o la Zona Euro. Dicha crisis afecta también a los financistas de la gran minería.
Para entender mejor el panorama, podemos mirar el caso australiano, que se encuentra entre los cinco más grandes productores mineros del mundo. Las postergaciones o cancelaciones de proyectos mineros que se dan en Australia, donde se han aplazado proyectos como la expansión de la mina de cobre Olympic Dam –que pertenece a BHP Billiton– son un indicio.
Esta empresa reportó una caída de un 35 por ciento en sus ganancias de la segunda mitad del año fiscal, explicada en gran parte por la desaceleración del crecimiento en la economía china. BHP reportó su primera caída anual de ganancias en tres años debido a crecientes costos, y a un declive en los precios de las materias primas. El ejemplo australiano nos puede servir de guía para considerar al mencionado retraso de las inversiones como un efecto que se origina por varias causas: la caída de los precios de los metales, la desaceleración de China, el alto desempleo de EEUU (más de 8 por ciento), la crisis de la Zona Euro. Si bien los conflictos sociales pueden influir, no son la principal razón.
Es necesario considerar las diversas causas, y no reducirlas a una sola. Por otro lado, si se analizan los conflictos socio-ambientales, estos muchas veces se originan por falencias en las políticas de relaciones comunitarias de las empresas, por no considerar las agendas legítimas que plantean las comunidades campesinas, o por no plantear una propuesta de desarrollo que vaya en la línea del desarrollo sostenible.
Si las empresas no toman conciencia de esto, y se replantean su relacionamiento con las comunidades de su zona de intervención, los conflictos corren el riesgo de profundizarse, y de escalar. Asimismo, el Estado debe de encarar las reformas pendientes en políticas públicas, que permitan control eficiente sobre las actividades extractivas, de modo que se proteja tanto el ambiente como la calidad de vida de las personas.