Darío Aranda 17/01/2022
Medio centenar de organizaciones sociales y ambientales impulsan una campaña para el cuidado y el acceso al agua como un derecho humano. Cuestionan las actividades que la contaminan y proponen la democratización de los bienes comunes.
El lago Colhue Huapi abarcaba 53.000 hectáreas en Sarmiento (Chubut). En los ’90 comenzó un proceso de bajante vinculado a la accionar de grandes estancias y petroleras. En la década del 2000 se secó por completo. A pocos kilómetros se ubica el lago Musters, que experimenta una bajante histórica y corre riesgo de seguir los pasos del Colhue Huapi. A 3000 kilómetros de allí, en Salta, las comunidades wichí exigen pozos de agua para no tener que beber de charcos contaminados, antesala de enfermedades y muertes. «Campaña Plurinacional en Defensa del Agua para la Vida», es el nombre de la iniciativa impulsada por decenas de organizaciones sociales y asambleas, que remarcan el derecho humano al agua, denuncian el extractivismo y proponen la democratización del acceso a los bienes comunes.
«El agua vale más que oro», nació en 2002 en Chubut, cuando comenzaba la lucha de Esquel contra la megaminería. La frase ya es bandera de lucha en Argentina y América Latina. En el otro extremo, desde los ideológico y también geográfico, en 2020 fue noticia que el agua comenzaba a cotizar en la bolsa de especulación de Nueva York.
«El agua es vida. Todos los seres vivos dependemos de ella. La falta de agua potable para tantas personas en este país es una deuda socio-ecológica que necesita ser saldada en lo inmediato», destaca el documento fundacional de la Campaña Plurinacional en Defensa del Agua para la Vida, un espacio donde participan más de cincuenta organizaciones, asambleas socioambientales, cátedras de soberanía alimentaria y colectivos diversos (desde artísticos hasta científicos).
La campaña tiene diversos ejes. Se comenzó por la difusión (vía redes sociales desde la dirección twitter.com/CampDefensaAgua ) y con una completa serie de conversatorios virtuales («Acceso a la tierra y al agua, claves para la reconfiguración demográfica», «Normativas en defensa del agua», «Agua para la deuda externa o para la vida», fueron algunos de los temas). «El agua es un bien común y un derecho. Queremos protegerla, cuidarla; evitar el uso indiscriminado, el desperdicio, la contaminación. Tenemos que avanzar hacia una conciencia colectiva de cuidado y acompañarla de una legislación que la defina como elemento vital a preservar para la continuidad de la vida», remarcan la Asamblea Jáchal No Se Toca, el Servicio de Paz y Justicia, las Madres de Ituzaingó Anexo, la ONG Conciencia Solidaria, la Multisectorial Paren de Fumigarnos (Santa Fe), el Espacio Intercuencas, la Coordinadora Basta es Basta por una Vida sin Agrotóxicos, la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de Nutrición (UBA) y la Federación de Profesionales de la Salud (Fesprosa), entre otras organizaciones.
El viernes 7 de enero, comunidades mapuches junto con vecinos autoconvocados cortaron la ruta 7 (Autovía Norte) en la meseta de la capital neuquina en reclamo de agua. «En una zona que está siendo devastada por las petroleras y el fracking, que utilizan diariamente millones de litros de agua para sus explotaciones, le falta el agua a la gente para el consumo, para el riego y la vida general. Ya no hay excusas, por eso el hartazgo que hoy se manifiesta en este corte», explicó la Confederación Mapuche de Neuquén.
La defensa del agua unifica casi las luchas contra el extractivismo y sus consecuencias: megaminería, forestales, agronegocio, represas, petróleo, litio, humedales, energía nuclear, bajante de ríos, extractivismo urbano y megaciudades.
Mariano Sánchez Toranzo es uno de los voceros de la Campaña. Remarca que uno de los objetivos es profundizar la democracia. «Es imprescindible salir de la democracia delegativa, que no resuelve los problemas ni de los pueblos ni de los territorios. Es necesario pasar a una democracia más participativa. Apostamos a todo tipo de consulta e iniciativa popular, instrumento de democracia directa que hoy podríamos utilizar y desde los sectores de poder no desean que utilicemos», afirma Sánchez Toranzo.
Además de Esquel en 2003, hubo otras votaciones populares contra el extractivismo: en 1996, la población de Misiones le dijo no a la hidroeléctrica Corpus (entre Argentina y Paraguay). En 2012 la población de Loncopué (Neuquén) votó y el 82 por ciento rechazó un proyecto minero impulsado por el gobierno provincial y una empresa china. En 2014, otra vez Misiones, 120.000 personas se autoconvocaron a votar y el 96 por ciento dijo «no» a la represas de Garabí (entre Argentina y Brasil).
Hubo numerosos intentos de votaciones locales contra el extractivismo y por la autodetermianción. Quizá los dos más conocidos sean la localidad cordobesa de Malvinas Argentinas (contra la instalación de la empresa Monsanto) y Andalgalá (en defensa del agua y contra la megaminería). En ambos casos, gobiernos provinciales y nacional se opusieron al acto democrático.
La Campaña Plurinacional en Defensa del Agua trabaja en la construcción popular de un proyecto de ley de cuidado del agua, que prohíba las actividades que la contaminan y que contemple la gestión pública del agua. Buscan llegar con un respaldo de 500.000 firmas. «Entendemos que es un proceso de construcción de abajo hacia arriba, y que pueda tomar la impronta que tuvo y tiene el movimiento de mujeres, una marea verde que los políticos no puedan ignorar», grafica Sánchez Toranzo. Naciones Unidas (ONU) reconoció en julio de 2010 (en su Asamblea General) explícitamente “el derecho humano al agua”. Reafirmó que el agua potable es esencial para la realización de todos los derechos humanos.
* Por Darío Aranda. Artículo publicado en el diario Página12 el 17 de enero de 2022.