9 de Diciembre,
Por Raúl A. Montenegro
Desde octubre de 2008 la ley 9526 prohíbe en todo el territorio de la provincia – de Córdoba- la minería metalífera a cielo abierto, e incluye dentro de la prohibición al uranio y el torio. Sorpresivamente la Cámara de Empresarios Mineros de Córdoba (Cemincor) y la Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Actividad Nuclear (Apcnean) iniciaron un silencioso ataque judicial contra la ley. Pretenden que el Tribunal Superior la considere inconstitucional cuando se ajusta perfectamente a los Artículos 41 y 124 de la Constitución Nacional, y a la Constitución de la provincia. Hicieron además su planteo en el peor momento ambiental de Córdoba, cuando las cuencas hídricas –principales víctimas de la mega minería metálica y del uranio- entraron en la peor crisis de su historia. Por otra parte esta iniciativa del Poder Ejecutivo coincidió en su momento con el planteo de movimientos sociales, organizaciones ambientalistas y cátedras universitarias, y el propio sector minero participó del debate.
Erróneamente se la llama «ley antiminera» cuando en realidad solamente prohíbe la minería metálica y del uranio y el torio, que no tienen yacimientos significativos en la provincia. El mismo Secretario de Minería, Aldo Bonalumi, señala que esta ley no impide la actividad minera en Córdoba. ¿Qué intereses yacen entonces detrás de esta presentación judicial? Existe una causa ubicada fuera de la provincia, y una causa local, imaginaria. Veamos la primera. Esta ley es considerada «un mal ejemplo» por los sectores que alientan la radicación en Argentina de las grandes corporaciones mineras transnacionales. Cuando se conoce públicamente que minera Alumbrera consume 95 millones de litros de agua por día, contamina con derrames ácidos las cuencas hídricas de Catamarca, sufre roturas de su mineraloducto y descarga metales al canal DP2 en Tucumán, la ley de Córdoba es una franca amenaza para otras corporaciones. Sobre todo porque se agrega a seis leyes similares ya aprobadas en otras provincias, y porque puede contagiarse. La sociedad está conociendo, sorprendida, los efectos negativos de las mega mineras, las prácticas clientelares, su insignificante creación de puestos de trabajo y que pagan pocos impuestos. No es casual que 31 universidades, facultades y unidades académicas le hayan dicho no a los fondos procedentes de Alumbrera, en una rebeldía ética que continúa multiplicándose.
La otra causa que habría impulsado la presentación ante el Tribunal Superior no tiene asidero práctico. Sus promotores asumen, arbitrariamente, que luego se aprobará otra ley para prohibir la minería no metálica. Vaticinan además grandes calamidades en el plan nuclear y que Argentina –por culpa de Córdoba- quedará fuera del sistema nuclear mundial. Esto es absurdo. La ley es sabia porque protege las cuencas hídricas, ya muy destruidas, de la mega minería de superficie. Las sierras de Córdoba –principal objetivo de las mineras- tienen una función irreemplazable: «fabricar» el agua de las principales cuencas hídricas, actuar como caja de ahorro y aumentar la resistencia a las sequías y los excesos de lluvia. Lamentablemente en la provincia solo quedan, como bosque cerrado, menos del 5% de la superficie original. Y uno de los ambientes más afectados es precisamente el serrano. Los cortes en el suministro de agua son una llamada de atención que los propios mineros no deberían ignorar.
Pero Córdoba tiene además buena memoria, y la ley lo refleja. La mina de uranio de Los Gigantes contaminó indiscriminadamente los arroyos Cajón y Cambuche, y la cuenca del río San Antonio. Aprovechando las crecidas de los ríos se lanzaba, alternativamente, descargas ácidas de color verde y descargas alcalinas de color blanco. Llegó incluso a peligrar la actividad turística en Villa Carlos Paz. Al día de hoy la mina sigue sin estar remediada, y en un recorrido de campo realizado allí por el autor de esta nota su fondo radiactivo duplica el medido fuera de la mina. Los directos responsables del descalabro ambiental de Los Gigantes fueron Sanchez Granel Ingeniería S.A. y la propia CNEA.
Pero no hay que viajar a las sierras para ver el desmanejo del uranio que hizo la nación. En barrio Alta Córdoba se localiza la planta de Dioxitek S.A., donde CNEA es accionista mayoritaria. Allí se almacenan, sin membrana, más de 36.000 toneladas de residuos radiactivos de baja actividad, en su mayoría uranio y derivados del uranio. Su «chichón» produce radón 222, un gas radiactivo, y las actividades de la planta descargan por año unos 2 kilogramos de uranio al aire del barrio y unos 150 kilogramos de uranio a la colectora cloacal. Al día de hoy la totalidad de las minas de uranio que manejó CNEA siguen sin estar remediadas, incluida Malargüe, donde comenzaron algunas obras.
Resulta por lo menos curioso que una buena ley, que protege la «fábrica» de agua de los cordobeses, sea atacada por un sector minero que ni siquiera es perjudicado por esa ley. Cuando en Argentina peligran los glaciares y ambiente periglacial por la mega minería, cuando el excesivo consumo de agua de Alumbrera en Catamarca o Veladero en San Juan amenazan fuentes únicas e irreemplazables, y la mayoría de las provincias rechaza tener minas de uranio, Córdoba está protegida. El interés público y la protección de nuestras fuentes naturales de agua son más importantes que intereses sectoriales mezquinos, jurídicamente mal planteados e inoportunos.
Raúl A. Montenegro
Profesor Titular de la UNC, premio Nóbel Alternativo 2004 y presidente de FUNAM
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