Por: María Teresa Ronderos
EL MIÉRCOLES QUE PASÓ, LA W RAdio confrontó a un vocero de la minera Medoro Resources sobre qué había querido decir cuando le declaró a Al Jazeera que, para conseguir que Marmato y sus mineros tradicionales se muden a otro lado «hay presiones del gobierno que pueden ayudar, etc., podemos negociar, podemos compensarlos con nuestra chequera». El pueblo caldense de 475 años está anclado en una montaña debajo de la cual se calcula yacen 6,6 millones de onzas de oro y 37 millones de onzas de plata que la empresa canadiense planea explotar a cielo abierto.
Más allá de las contorsiones verbales del vocero para aclarar que “las presiones” y “la chequera” no implicaban nada ilegal, la polémica entre la empresa y los habitantes de Marmato, que se movilizaron para protestar contra el reasentamiento, nos da un vistazo de lo que está en juego con la publicitada locomotora minera.
Antes de empezar, el gobierno Santos ya tenía una pesada herencia: ocho millones de hectáreas tituladas para minas, sin estrategia, ni orden, y de esas, 122 mil en páramos y otras muchas en reservas ecológicas o étnicas. Y según los cálculos del experto Guillermo Rudas, en 2009 el gobierno Uribe les dio a las mineras exenciones tributarias por un billón de pesos (sin incluir el rubro de carbón), pero éstas apenas le giraron regalías al país por la tercera parte, 320 mil millones. Otros estudiosos calculan que la proporción de ingresos que le quedan a Colombia por la explotación de estos recursos naturales no renovables es mucho menor que la que les queda a Chile y a Perú.
Además, una caterva clientelista dejó a Ingeominas, el administrador de la minería, hecho una cueva de Alí Babá, según lo denunció el propio Minminas. Y nuevos agujeros legales en la reforma al código minero incentivaron las inversiones ficticias y las dragas destructoras de los narco-paras que hicieron del oro su lavandería, como lo confesó Salvatore Mancuso.
El nuevo gobierno está asesorándose de expertos para volver a rehacer el catastro —origen del desorden reinante—, pues es tan malo el sistema y tan pobre la información que maneja que demora en promedio seis años en definir una solicitud de título. También se ha puesto como meta ampliar el conocimiento geológico del país, pues si sabe cuánto vale lo que tiene lo podrá vender mejor. Y demostró que está dispuesto a negar licencias ambientales donde se puedan alterar ecosistemas vitales, como ya lo hizo con la Grey Star en Santurbán.
Pero la locomotora hasta ahora arranca. Hay en ciernes siete grandes proyectos para minería de carbón y otros cuatro de oro (tres de ellos de la propia Medoro, recién fusionada con la Gran Colombia Gold). Los exorbitantes precios tienen a miles de pequeños y medianos mineros escarbando el territorio colombiano, con o sin licencia ambiental y el desastre que están causando algunos es grave: la Defensoría encontró ríos en Antioquia con concentraciones de metales pesados mil veces mayores que las permitidas, y que en Remedios, 15 personas al año necesitan trasplante de riñones por intoxicación con mercurio.
Por eso la reforma institucional tendrá que ir, como la locomotora, a todovapor. Esta debe volver al sector minero eficaz, con información confiable, que a su vez le permita al país conseguir una mayor retribución por sus riquezas. Pero sobre todo, el gobierno Santos requiere de carácter para defender un desarrollo minero que se centre menos en lucirse hacia afuera por las facilidades que ofrece y las riquezas que promete, y más en brillar hacia adentro porque es ambientalmente sostenible y socialmente deseable.