RED DE MUJERES EN DEFENSA DE LA MADRE TIERRA:
Aunque la Constitución Política del Estado, dice que los recursos minerales son del pueblo boliviano, lo cierto es que la decisión sobre su gestión desde una legislación como la Ley Minera, es privilegio de unos pocos, justo los que se benefician directamente como los empresarios y los cooperativistas. El lunes 17 de marzo, se realizó un acto de entrega al presidente Evo Morales del proyecto “consensuado” entre actores mineros de la nueva Ley Minera, como se dice en términos populares “entre gatos se pusieron de acuerdo para comer la carne”. Este acto marca una actitud profundamente antidemocrática, pues se excluyó la participación de otros sectores sociales, de la sociedad civil en su conjunto y a la fecha el proyecto consensuado es un secreto que solo es de conocimiento de los operadores mineros.
Una versión anterior del proyecto de Ley consensuada, que seguramente no vario mucho con la que fue entregado al gobierno, establecía durísimas disposiciones de criminalización y penalización contra la protesta social, a título de seguridad jurídica; a título de promover las inversiones y la economía plural se restringía a las operaciones del Estado solo a las empresas en actual funcionamiento, condenando ahora por Ley a que COMIBOL no tenga facilidades para una mayor desarrollo y expansión en otras áreas; en materia ambiental el proyecto de Ley establecía la flexibilización del control ambiental otorgando esas facultades al propio Ministerio de Minería y finalmente respecto a los derechos indígenas, la consulta se rebajaba a una consulta pública tutelada por el estado y los operadores para que se acepten solo las compensaciones “técnicamente” adecuadas.
Es seguro que esos temas se han mantenido o peor quizá, se han agravado en favor de los operadores y en desmedro de los intereses nacionales.
A todo lo anterior preocupa enormemente la declaración del presidente cuando recibió este proyecto de Ley manifestando “No debe de cambiarse nada, tiene que aprobarse tal como se está enviando a la Asamblea”, es decir que la Asamblea Legislativa que se supone un ente deliberativo y fiscalizador que representa a los bolivianos ahora debe operar como mero instrumento de la voluntad y los intereses de los actores empresariales y cooperativistas.
Sin duda la futura Ley de Minería, al igual que su predecesora a la cual la perfecciona, marca la profundización del extractivismo minero y la conculcación de derechos civiles y ambientales en favor de los intereses económicos empresariales.