20 de mayo de 2011
Las expectativas de los sectores afines a la actividad minera están centradas en lo que será el nuevo Código Minero, pero que en ésta ocasión se presentará con características de Ley de Minería y presentará un conjunto de medidas que regularán las futuras tareas mineras, estatales, privadas y cooperativizadas.
Foto: Edificio del Banco Central de Bolivia
Cuando se habla de nuevas normas, hay quiénes anticipan que existirán un conjunto de disposiciones para impulsar al sector estatal y otras medidas muy estrictas para controlar la actividad minera privada, tanto del sector mediano como también del denominado chico, seguramente incorporando algunas disposiciones favorables a los cooperativistas mineros que en el último tiempo han recibido un apoyo financiero por parte del Estado, que no se ha extendido a otros sectores, por tanto se espera que las nuevas regulaciones tengan un mínimo de equidad, para compensar beneficios por obligaciones cumplidas.
El factor económico que produce la minería es sumamente importante, tanto que sus réditos directos sustentan el TGN, sus regalías apoyan los proyectos de desarrollo departamental y de los municipios, allí donde se producen las actividades de producción minera. Pero el beneficio va más allá, puesto que la minería seguirá siendo el rubro más importante en la generación de empleos seguros pero al mismo tiempo diversificando los mismos hacia otras tareas colaterales como los servicios que requiere la minería, como transporte, la provisión de alimentos, insumos mineros, equipos, repuestos, herramientas y otros elementos que producen ingresos para miles de personas que sienten el efecto multiplicador de la producción minera.
Empresarios mineros privados especialmente, muestran preocupación por lo que podría resultar la aplicación de un nuevo código que no sea la expresión real y evidente de las necesidades y las proyecciones de los industriales mineros que abrigan la esperanza de encontrar en las nuevas normas un incentivo a sus emprendimientos y un factor de seguridad para realizar mayores inversiones, las que se reducirían o simplemente desaparecerían si no se dan condiciones de seguridad y garantía para el desempeño de la minería en general, que necesita de mucho tiempo para concretar un proyecto desde la parte de exploración, prospección, explotación y exportación.
La minería, si bien se considera patrimonio del Estado, por las características de su concepción y el interés político, en realidad es un patrimonio de todos los bolivianos y por tanto su búsqueda, su uso y su venta deben ser de interés general y de beneficio comunitario. A eso debe dirigirse el establecimiento de las nuevas disposiciones que sean parte de los articulados de la Ley que puede surgir en tiempo relativamente corto y que ojala sirva para impulsar la minería en su conjunto y no para detener su avance, justamente en un tiempo como el actual que necesita de fuertes inversiones para consolidar los macro proyectos de la minería nacional.
Es importante que los impulsores de la nueva ley minera recapaciten sobre la responsabilidad que tienen para entregar a consideración de la Asamblea Legislativa, un instrumento que al ser aprobado, posibilite al país y su sector productivo más importante, avanzar con seguridad y sin contratiempos de orden «social o político sectario» que alteren su curso de sustento de la economía nacional.