Por: Germán I. Andrade *
El Espectador, 6/3/2011
NADA MÁS URGENTE EN LA LENTA agenda ambiental del Gobierno que decisiones acertadas sobre la minería. No sólo sobre los casos más sonados, sino sobre todo el sector. Porque Colombia no está preparada para una minería que contribuya a la prosperidad para todos.
Heredamos un preocupante desequilibrio. Según el investigador Guillermo Rudas, la titulación minera pasó en los últimos ocho años de 1,1 a 8,4 millones de hectáreas, los dineros asignados en el presupuesto al sector ambiental caían de 0,19% del PIB en 1998 a 0,09% a partir de 1999 y cerca del 50% de los beneficios en forma de regalías pagadas por la minería y los hidrocarburos quedaron en las compañías por exenciones al impuesto de la renta. Ha imperado una política en sentido contrario del bien común. Más que locomotoras estamos frente a verdaderas aplanadoras. Es verdad que las finanzas públicas se verían alimentadas por la multiplicación de la actividad, pero no como resultado de un balance de costos y beneficios de los proyectos.
No puede afirmarse que la intención del Gobierno sea adelantar una minería sin impactos ambientales: ésta no existe. La sociedad debe definir lo que está dispuesta a ganar y a perder. Pero, ¿somos conscientes de lo que estamos dispuestos a perder? La exclusión de la minería solamente en los parques nacionales y páramos es insuficiente. Como mínimo faltan las selvas de montaña, humedales y zonas de influencia de los ríos y recarga de acuíferos. La primera decisión para balancear los costos y beneficios se refiere a dónde no se debe hacer minería. Costa Rica excluyó la minería a cielo abierto en todo su territorio. Aquí las concesiones de exploración cubren una enorme extensión, prefigurando un futuro de conflictos socioambientales.
El reciente estudio del Centro de Salud y Ambiente Global de Harvard muestra que los costos ocultos de la industria del carbón en EE.UU., al incluir las fases de extracción, transporte, procesamiento y combustión, ascienden a US$500 mil millones al año. Desde una perspectiva de gestión del bien común, el balance sólo se puede hacer con instituciones fuertes. Es urgente la creación del Ministerio del Ambiente para dotarlo con una unidad de gestión minera del más alto nivel técnico. Hay que establecer la licencia ambiental de la exploración y explotación, y para el cierre de los proyectos; así como revisar las compensaciones, regalías y exenciones tributarias. El escalamiento del conflicto en torno a la minería, y la llegada de casos a los organismos de control y el Poder Judicial, prueba que con la actual institucionalidad no estamos preparados. Siembra desregulación y cosecharás conflictos socioambientales, parece ser la lección en la transición de la seguridad a la prosperidad democrática.
También es importante redirigir la discusión publica desde los asuntos que desde el punto de vista legal ya están resueltos —como minería en los páramos o seguridad industrial— hacia los desafíos del futuro, que ya llegaron. Entre ellos la minería y la gobernabilidad del territorio, la transición de la informalidad hacia nuevas formas institucionales, la gestión de los impactos acumulativos de la pequeña minería, la relación entre la minería y la adaptación al cambio ambiental global. Y, ¿por qué no?, sobre la escurridiza relación entre el crecimiento económico que aporta este sector y el desarrollo y bienestar de todos.
*Profesor Facultad de Administración. Universidad de los Andes.