En una cadena de influencias entre autoridades, instancias agrarias, del medio ambiente y mineras, aseguran ejidatarios de esta sindicatura que son relegados como el eslabón más débil, al ser víctimas de una serie de injusticias y exposición a la contaminación
Leobardo Valdivia Ortega, presidente del Comisariado Ejidal de La Rastra, dijo que a pesar de que los diferentes niveles de gobiernos han señalado a la minería como el medio de desarrollo económico de esta zona, para ellos sólo ha traído problemas.
«No vemos reactivación aquí, para ellos (los gobiernos) quizás sí, y esa es la injusticia que nos dan… Vienen (las mineras) prometiéndonos, vienen y son puros problemas los que nos traen», señaló.
Destacó que a pesar de que son sus tierras las que están produciendo el metal, son tratados como obreros, con salarios bajos, extenuantes jornadas de trabajo y el daño colateral de la contaminación latente para sus familias.
«Lo que hay aquí son puras injusticias, las instancias como la Procuraduría Agraria, Semarnat, Profepa nos dan la espalda y hacen caso omiso de nuestras demandas», argumentó.
Valdivia Ortega señaló que al demandar los permisos que descarten el riesgo de contaminación o daño al medio ambiente, surgió la inconformidad ante el incumplimiento de las empresas mineras, ya que bajo acuerdo previo se estipuló que atenderían las inconformidades del ejido en mesa de concertación.
Dijo que el problema inició con la minera Cinco Reales y que esto se ha extendido a las otras empresas que operan en tierras del ejido: Aurcana de México, Mexsin y Tres Tortugas.
«Nunca tuvimos respuesta, por lo que creemos que no cuentan con los permisos, y queremos saber si es justo lo que están ocasionando con nuestras tierras, que ya son improductivas, devastación de árboles, el desvío de corrientes naturales de ríos y creemos que eso no puede ser», aseveró el líder agrario.
Enfatizó en el hecho de que no se ha cuidado por las instancias con competencia en el medio ambiente de que se dé un manejo adecuado de los reactivos químicos para la extracción del mineral, y los desechos que de éstos resultan.
Tal es el caso, precisó, de las presas de jales o desechos de la minería instaladas en esta sindicatura, el cual temen pueda propiciar un problema general de contaminación al referir que están mal construidas y pueden correr con el tiempo de lluvias a lo largo del municipio.
El principal foco rojo es el ubicado en «El Charco Verde» o «El Apachurrado», a cuatro kilómetros de la sindicatura en mención, además de una más en la comunidad de Perleros, y el proyecto de una tercera en «El Azafrán».
Subrayó en el caso de la presa de desechos en «El Apachurrado», de la empresa Cinco Reales, ya que para este caso se desvió el arroyo Plomosas, para lo cual se perforó un cerro, mismo que calificó de insuficiente.
Radicalizan medidas contra minera
Sabino Florián Ruedas, secretario del Comisariado Ejidal de La Rastra, dio a conocer que ante las presuntas irregularidades de la empresa Cinco Reales y ante el incumplimiento en el pago de uso de suelo desde hace dos años y el problema de contaminación, se optó por bloquear la salida de la minera.
Motivo por el cual a cuatro meses de que se tomó la medida, los ejidatarios se mantienen haciendo guardias permanentes a la espera de que las autoridades tomen carta en el asunto.
Los ejidatarios concluyeron que al unirse el arroyo Plomosas con el proyecto de la presa Santa María, temen que, ante los contaminantes que lleva el afluente, como responsables del ejido se les finquen responsabilidades a ellos.
Por su parte, el denominado líder de la sierra, Victorino Ávila Osuna, amenazó que a las compañías que no cumplan jurídicamente con los ejidos, se les va a echar «guante», pues aseguró que se requiere un ordenamiento en la sierra en el tema de la minería, para que exista un desarrollo igualitario.
«Lo que hay aquí son puras injusticias, las instancias como la Procuraduría Agraria, Semarnat, Profepa nos dan la espalda y hacen caso omiso de nuestras demandas».