Mina Marlin continuará con sus actividades otros siete años, indicó director de Goldcorp.
La parroquia Católica de San Miguel Ixtahuacán, San Marcos, y varias organizaciones contrarias a la actividad minera celebraron el fin de semana último el primer tribunal popular internacional de salud, que versó sobre las afecciones de las personas que viven en terrenos cercanos a proyectos de la empresa canadiense Goldcorp.
La actividad contó con testimonio de personas que viven en lugares cercanos a la mina Marlin, mina Carrizalillo (Guerrero, México) y Valle de Siria (Francisco Morazán, Honduras), todas ellas propiedad de Goldcorp. Además, se escucharon varios peritajes sobre las repercusiones en estas áreas.
El médico hondureño Juan Almendárez documentó el impacto del arsénico y otros metales pesados (plomo y mercurio) en el sistema respiratorio y de la piel de los habitantes de la mina Valle de Siria, la cual se debilita por la acción de estos elementos y la hace más propensa a infecciones.
La enfermera guatemalteca Susana Caxaj, quien recientemente realizó un estudio sobre la salud mental de la comunidad y de megaproyectos mineros, documentó el incremento de las enfermedades mentales y de transmisión sexual en la mina Marlin, tras el incremento de la prostitución y las cantinas, producto del aumento del poder adquisitivo de los trabajadores de la mina.
Entre las personas que llegaron a dar su testimonio se encontraba Crisanta Pérez Guzmán, de San Miguel Ixtahuacán. “Hay niños con ronchas, y hasta los mismos trabajadores tienen metales pesados en el cuerpo, pero con la misma manipulación de la empresa no salen a mostrarse. Hay muchos problemas de respiración, los niños que nacen ahora los traen”, informó.
Prolongarán actividad otros siete años
El jurado estuvo compuesto por 12 representantes de entidades internacionales, como el Centro de Investigaciones en Estudios Superiores de Antropología Social (CIESAS), México; el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) de Chile y la Asociación de Servicios Comunitarios de Salud (Asecsa), Guatemala.
Tras escuchar todos los testimonios, estos emitieron una condena moral hacia Goldcorp y los Estados de Guatemala, Honduras y México, por permitir estas actividades mineras “consideradas altamente dañinas para la salud y la calidad de vida, la calidad ambiental, y el derecho a la libre determinación de las comunidades indígenas y campesinas afectadas”.
“En cada parte se documenta la contaminación de fuentes de agua, una variedad de problemas de salud, tanto física como mental y trastornos sociales, como fragmentaciones en las familias”, dijo Dave Heap, catedrático de Humanidades de la Universidad de Ontario, Canadá, quien formó parte de este jurado. “En nuestro dictamen, condenamos a los gobiernos de Guatemala, Honduras y México por no cumplir sus responsabilidades con respecto a la minera”. Heap agregó la condena al canadiense por las “laxas normas en cuanto a la actividad minera”.
A juicio de este docente, si bien es cierto que la mina ofrece trabajo a las comunidades, es un trabajo precario que no cuenta con seguros de salud. “La pregunta que nos plantean desde las comunidades, es que de qué les sirven trabajos de corto y mediano plazo si no hay agua para vivir ni tiene los derechos de sembrar los cultivos tradicionales”, añadió.
Por su parte, Mario Marroquín, director de Goldcorp en Guatemala, preguntó sobre la legitimidad de este tribunal y dijo que en base a los diferentes informes realizados, tanto por el Ministerio de Salud, como por el de Energía y Minas y Medio Ambiente, la mina no había ocasionado daños en la salud de los pobladores.
“Los temas de salud son una preocupación principal de nuestra compañía. Donamos Q23 millones al Centro de Atención Integral de Salud, que además está siendo acompañado por un convenio tripartito entre el Ministerio de Salud, la alcaldía de San Miguel y la empresa, para hacer una gestión sostenible”, informó.
Este agregó que se prevé la continuidad de las actividades de la mina por siete años más.