El Tribunal de la Sala de lo Civil y Mercantil del Azuay ratificó este mediodía el fallo de primera instancia en el proceso que seguía el Estado ecuatoriano en contra de las comunidades cercanas al proyecto minero Río Blanco.
Esto implica la suspensión de toda actividad minera en este campamento ubicado entre las parroquias rurales Molleturo y Chaucha.
El 1 de junio pasado, en la audiencia de primera instancia, el juez Paúl Serrano falló a favor de la comunidad y aceptó como principal argumento que la compañía minera china Ecuagoldmining South America S.A violó el derecho a la consulta previa, libre e informada, dispuesta en el artículo 57, literal 7, de la Constitución ecuatoriana. Esta decisión fue apelada por el Ministerio del Ambiente.
Sin embargo, en el fallo emitido por escrito el Tribunal “niega la apelación y confirma la sentencia de primer nivel que acepta la acción constitucional por la vulneración del derecho del debido proceso a la consulta previa, libre e informada, en la comunidad de Molleturo en relación al proyecto Río Blanco”.
Esta decisión fue calificada como histórica por los comuneros que desde el pasado lunes acamparon en los exteriores de la Corte Provincial de Justicia a la espera de este fallo. Hoy, Elizabeth Durazno, habitante de la comunidad, consideró que este fallo es muy importante porque “se hizo justicia” y de a poco volverán a la tranquilidad, pues asegura que en los últimos años la compañía ha generado división entre la gente del mismo que sector y que en varias ocasiones se exteriorizaba con violencia.
El último caso registrado fue el presunto secuestro del presidente de la junta parroquia de Molleturo a manos de encapuchados que serían, según su propio testimonio, personas que están en contra del proyecto.
Sobre esta sentencia, el Ministerio del Ambiente analiza cual será el siguiente paso. Henry Troya, viceministro del Minería, reconoció vía telefónica que ya no es posible una apelación, pero pensaría en un posible recurso constitucional.
Según un informe de la empresa municipal de agua potable (ETAPA), hasta marzo de este año el 21,77% del territorio cantonal está destinado para la actividad minera; el 14, 81% está concesionado y el 6,96% está en trámite, esto significa 69.566 hectáreas. Por esto su gerente, Boris Piedra, calificó que la decisión de los jueces Edgar Morocho, Aurea Calderón y Rosa Zhindón es un triunfo “de la vida” porque «así se garantiza el derecho al agua para las próximas generaciones».
El proyecto minero Río Blanco comprende 5.708 hectáreas y está ubicado entre las parroquias Molleturo y Chaucha, en el cantón Cuenca, provincia de Azuay. Es un proyecto principalmente de oro cuya concesión pertenece a la empresa china Ecuagoldmining South America S.A. Se calculaba una producción diaria de 800 toneladas al día, por lo cual el proyecto está catalogado como mediana minería. Actualmente se encuentra en la fase de explotación y tendrá una vigencia aproximada de 11 años. (I)
Fuente:https://www.eluniverso.com/noticias/nota/6888863/tribunal-azuay-ratifica-fallo-que-suspende-actividad-minera-rio-blanco