El tribunal constitucional de Costa Rica rechazó por unanimidad una moción en la que la Caja Costarricense de Minería Asociación de la Industria argumentó que el actual Código de Minas era inconstitucional.
El demandante argumentó que la prohibición de la minería a cielo abierto, y la consiguiente incapacidad para recibir extensiones o renovaciones de las concesiones otorgadas con anterioridad a la prohibición era inconstitucional.
Sin embargo, los jueces no estaban de acuerdo y rechazó de plano el caso. Los jueces concluyeron que la prohibición no viola ningún derecho constitucional, y que el legislador está en su derecho de aprobar este tipo de restricción. Los jueces hicieron hincapié en que la prohibición no era selectivo en la prohibición sólo las empresas canadienses (que estuvieron involucrados en la industria anteriormente), sino que se aplica a las empresas de cualquier país.