La consulta popular minera, que fue aprobada por el concejo de Ibagué, pasó el control de legalidad ante el Tribunal Administrativo del Tolima y en consecuencia la Registraduría se encargará de la organización para que los ibaguereños acudan a las urnas.
El tribunal acogió los planteamientos que hicieron la Alcaldía de Ibagué, Cortolima, la ONG Dejusticia y los senadores Claudia López y Antonio Navarro, entre otros actores que apoyaron la iniciativa ambiental, y no prosperaron las tesis de Anglogold Ashanti Colombia y el procurador Agrario del Tolima, Ernesto Cardoso, los más visibles opositores a la consulta minera.
Ahora, tras superar este control de legalidad la ciudadanía tiene ‘luz verde’ para decidir en las urnas si aprueban o no que se lleven a cabo proyectos de minería a gran escala en el municipio, como lo propuso el mandatario local desde la época de la campaña.
La Registraduría Nacional del Estado Civil tendrá un mes para organizar la consulta popular, similar a la que realizó el municipio de Piedras, el 28 de julio de 2013. En Ibagué, se necesitan más de 130 mil votos para la iniciativa prospere (la tercera parte del censo electoral) y no se desarrollen proyectos extractivos, como el que pretenden ejecutar en la mina La Colosa, en Cajamarca.
La pregunta que se les formulará a los votantes será: ¿Está usted de acuerdo sí o no que en el municipio de Ibagué se ejecuten proyectos y actividades mineras que impliquen contaminación del suelo, pérdida o contaminación de las aguas y afectación de la vocación agropecuaria del municipio?
Las pruebas de fuego
Por la consulta popular minera de Ibagué pocos apostaban. Hasta sus promotores temían que la iniciativa se hundiera en el Concejo Municipal o en el Tribunal Administrativo del Tolima. Pero no fue así.
El 29 de febrero pasado, 10 concejales (de 19) hicieron mayoría y aprobaron el Acuerdo que convocaba a la consulta popular minera, pese a la arremetida de la Procuraduría General de la Nación, de AngloGold Ashanti Colombia y el mismo Ministerio de Minas y Energía. (Ver: Concejo aprobó la consulta minera en Ibagué)
Después, pasó a revisión de legalidad por parte del Tribunal Administrativo del Tolima, que decidió esta semana permitir el avance de esta histórica consulta, que tendrá impacto nacional por ser la primera capital del país que se pronunciará sobre si se deben o no desarrollar proyectos de megaminería en su territorio.
Los efectos de la consulta
Uno de los argumentos de quienes se oponen a la consulta minera es que no obliga al Gobierno Nacional a frenar los proyectos de minería a gran escala, pero la senadora Claudia López ha insistido en que es importante que las comunidades sean escuchadas.
Recientemente, la congresista dijo en Ibagué de lo que se trata es de hacer respetar el derecho que tienen los ciudadanos a manifestar abiertamente su opinión acerca de si se deberían ejecutar o no proyectos mineros que puedan tener impactos como la contaminación de las aguas o la vulneración del uso de los suelos. (Ver: “El Procurador está siendo ‘lobbista’ de las empresas mineras”: Claudia López)
Cinco razones por las que la consulta era viable, según la ONG Dejusticia
1. Las consultas populares son competencia de los alcaldes y concejos El artículo 33 de la ley 136 de 1994, dice claramente que se debe hacer una consulta popular cuando exista la posibilidad de adelantar proyectos mineros que afecten al medio ambiente y modifiquen tanto el uso de los suelos como las actividades tradicionales de los habitantes de la zona.
2. Quiénes tienen la competencia de aprobar las consultas son los concejos municipales La Corte Constitucional y el Consejo de Estado han sido enfáticos al decir que para definir temas como cambios en el uso del suelo, extensión del mismo y designaciones de áreas urbanas o rurales, se deberá consultar con los municipios, ya que estos son los responsables de la reglamentación de los usos de sus territorios. Lo anterior debido a que todo proyecto minero afecta no solo al subsuelo, sino también al suelo.
De tal manera, asegura Diana Rodríguez, investigadora principal del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia), que no hay ninguna manera de hacer minería sin afectar el suelo o modificar las actividades que están proyectadas sobre los territorios por medio de los Planes de Ordenamiento Territorial. Ante esto, cualquier ejercicio de soberanía popular en contra de la exploración y explotación minera es, además de factible, un derecho fundamental.
3. Son dos los fallos de la Corte Constitucional El pasado nueve de febrero, la Corte Constitucional emitió un fallo que frenó el interés del gobierno de Juan Manuel Santos de quitarle autonomía a los municipios y las Corporaciones Autónomas Regionales frente a asuntos mineros.
En dicha sentencia, la Corte tumbó seis artículos contemplados en el Plan Nacional de Desarrollo que le permitían al Gobierno entregar licencias ambientales para los 78 megaproyectos mineros que Santos ha calificado como ‘de interés nacional’ (Pines), entre ellos el de La Colosa. Dichos artículos le quitaban a las Corporaciones Autónomas Regionales, CAR, la función de tramitar las licencias ambientales y esta últimas pasaban a otorgarse por medio de la Agencia Nacional de Licencias Mineras, entidad que hace parte del Gobierno (Ver: Gobierno Nacional debe respetar autonomía territorial frente a asuntos mineros, dice la Corte Constitucional)
Adicionalmente, la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-123/2014, estableció que se deberá garantizar la participación activa y eficaz de los municipios en las decisiones sobre la prohibición o realización de actividades mineras.
4. Las razones del Consejo de Estado El último sello de legitimidad a las consultas en temas mineros lo dio el Consejo de Estado. En septiembre del año pasado, dicha entidad suspendió temporalmente —es decir, dejó sin efectos jurídicos- un decreto que prohibía a los municipios restringir la minería en su territorio. Para el Consejo, esta restricción viola la autonomía de los municipios para regular el suelo y tomar medidas necesarias para preservar el medio ambiente.
5. Dos municipios tienen consultas vigentes
Hay dos consultas populares que están en pie en estos momentos. La primera, realizada en Piedras en el mes de Julio de 2013, donde sus habitantes se pronunciaron en contra de la llegada de AngloGold Ashanti al municipio.
La segunda consulta popular se realizó en Tauramena, Casanare, el pasado 15 de diciembre de 2013, donde la mayoría de los habitantes votaron en contra de que se realicen actividades sísmicas en siete veredas de su jurisdicción.
Según Rodríguez Franco, con estas dos iniciativas populares queda demostrado que es posible adelantar una consulta en contra de los proyectos mineros sin incurrir en ningún tipo de acción ilegal.