Originalmente la Ley disponía un plazo de 180 días para la realización del inventario a realizarse por el IANIGLA. Sólo el conocimiento de la sociedad respecto de la temática puede enfrentarse a la inacción política.
– Las provincias mineras (San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta o Jujuy) que de acuerdo a la lógica cronológica debieran haber sido las primeras en se inventariadas, aun no se encuentran incluídas en el informe que dicho instituto presentó en el Congreso Nacional.
Las provincias mencionadas no adhirieron a los estudios glaciológicos porque «… estan pendientes del amparo que la Provincia de San Juan…» presentó en la justicia respecto de la aplicacion de la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares…
Por otro lado, sí se presentaron los informes en provincias donde la minería tiene trascendencia política, ONG’s activas y una sociedad que comprende la importancia de las mayores reservas de agua dulce del país. Hablamos de Mendoza, Chubut, Río Negro y Santa Cruz, provincias donde el relevamiento de glaciares ya comenzó.
Llama la atención que San Juan, muy preocupada por vender su imagen de una Reserva San Guillermo «… como Dios la hizo…»; no permita que el IANIGLA realice el inventario, sino que la propia provincia realizó el suyo, caracterizado sin dudas por un claro conflicto de intereses.
El director de IANIGLA, Ricardo Villalba, expresa constantemente que la Ley de presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial; no es una ley antiminera, sino una más de las tantas destinadas a la proteción del medio ambiente y a su vez, una mas de las tantas que por intereses no llegan a cumplir su cometido. Cabe recordar que ésta ley ya pasó por un veto presidencial; luego se dilató su sanción; después de sancionada no se reglamentó; más tarde fue judicializada, y ahora no se aplica o se aplica de una manera muy parcial.
Sólo el conocimiento de la sociedad respecto de la temática puede enfrentarse a la inacción política.