La firma había obtenido la concesión de la producción de oro y plata en 1998. Luego de cambiar de dueños, 16 años después abandonó la explotación.
La decisión de buscar a los acreedores la tomó un juzgado de Buenos Aires. El proceso de disolución comercial se inició hace seis meses.
Un juzgado comercial decretó la quiebra de la Minera Andacollo Gold SA, a más de tres años de que abandonara la exploración y explotación del yacimiento de oro y plata en el norte neuquino. El proceso fue iniciado el 11 de diciembre del año pasado y ahora se busca dar con sus acreedores e intimar a que la empresa fije un domicilio en Capital Federal y presente sus libros contables.
Andacollo Gold dejó una deuda de 72.047,43 dólares en concepto de regalías, alquileres y aportes a Cormine SEP, según el último balance de la empresa estatal. Cuando se originó el pasivo, el tipo de cambio era de 13,8 pesos, por lo que la devaluación de los últimos años jugó a favor del crédito. Hoy el monto ascendería a más de 2 millones de pesos, una diferencia de cambio positiva superior al millón para la provincia.
Las posibilidades de cobrar la suma, sin embargo, parecieran escasas. El balance presentado por Cormine indica que, al cierre del ejercicio 2017, “no han avanzado las gestiones tendientes a regularizar la situación contractual de Minera Andacollo Gold y Cormine, manteniéndose el incumplimiento de las obligaciones por parte de MAGSA del contrato vinculante”.
Se indicó que los saldos adeudados por la minera “tienen su fecha original de cobro vencida y, a la fecha de cierre del ejercicio, no se puede contar con elementos que permitan estimar su fecha probable de cobro”.
El presidente de Cormine, Martín Irigoyen, señaló ayer que, junto a la Fiscalía de Estado, se está preparando la verificación de crédito para presentarse en la quiebra, que se tramita en Buenos Aires. “Es algo que se veía venir, porque el único negocio que tuvo Andacollo Gold era ese proyecto y, una vez que lo perdieron por incumplimientos, no tenían otra posibilidad de sobrevivir. Era algo anunciado”, planteó.
Entre los principales acreedores de la minera se cuenta a la provincia, a los trabajadores, a los proveedores y a la AFIP. “Es el perfeccionamiento de su maniobra. Con esto se presentan como insolventes para no hacer frente a ninguna deuda. El Estado es responsable frente a la quiebra de esta empresa fantasma que operó con el aval de los funcionarios”, cuestionó Emmanuel Guagliardo, abogado de los trabajadores de la mina.
La empresa nunca presentó un concurso preventivo ni indemnizó a ninguno de los 148 obreros, sino que abandonó el yacimiento a fines de 2014 sin dejar rastros y sin que pueda ubicarse el paradero de sus accionistas. Desde que se firmó el contrato de usufructo, en 1998, la minera cambió de dueños varias veces, siendo la última en 2013 cuando adquirió la razón social un grupo encabezado por el mendocino Javier Maschke, un monotributista supuestamente vinculado a la vitivinicultura y sin antecedentes conocidos en la minería.
En 2015, el entonces gobernador Jorge Sapag pidió esperar hasta después de las elecciones de abril para solucionar el abandono del emprendimiento.