La Subsecretaría de Energía dejará para más adelante un plan de acción de minería metalífera y apunta a emprendimientos de segunda y tercera categoría. Las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura (AMPAP) denunciaron el espacio de diálogo con gobierno y empresarios mineros como una maniobra para habilitar la minería a gran escala que hoy está severamente condicionada por la Ley 7722 que establece las sustancias químicas tóxicas que tienen su uso vedado en la actividad. La norma, lograda por la lucha de la población, fue declarada constitucional por Suprema Corte de Justicia de Mendoza.
Tras la culminación de la primera etapa de la mesa de diálogo minero que impulsa el Gobierno, ya están definidas las primeras acciones concretas: dejará para más adelante la discusión por el desarrollo de proyectos metalíferos, aunque apuntan a reactivar la actividad en segunda y tercera categoría.
En primer lugar, la Subsecretaría de Energía impulsará el desarrollo de distintas cooperativas que puedan encarar proyectos de segunda categoría, donde los minerales son utilizados en procesos productivos. En este sentido, quieren desarrollar la producción de cal, talco y piedras de aplicación.
Hoy en día, la piedra coque que se extrae en Mendoza es vendida a San Juan, provincia donde producen cal. Ahora, el Gobierno quiere que ese proceso se realice en Mendoza y, para eso, la alternativa es financiar a una cooperativa de Las Heras para que se haga cargo.
Lo mismo quieren que realicen otras dos cooperativas con el talco y las piedras de aplicación. Sobre el primer mineral, si se agrega valor se podría vender a un precio muy superior al que se comercializa hoy en día. En cuanto a las piedras, como granito y mármol, podrían ser moldeadas por una cooperativa de Malargüe.
Control en obras en construcción
En cuanto a la minería de tercera categoría, el Gobierno anticipó que realizará controles exhaustivos en canteras y, paralelamente, en las obras en construcción de la provincia. La idea es verificar cuál es el origen de los áridos que se utilizan y si no se puede comprobar, amenazan con paralizar las obras en falta.