Tras una fuerte discusión durante una reunión entre el delegado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Ernesto Pasarín Tapia, y habitantes de la comunidad de Canoas, Manzanillo; se estableció iniciar el análisis para una posible revocación de permiso de explotación de la minera Pacific Group S.A. de C.V., luego de que los ejidatarios denuncian daños ambientales a su entorno.
La tarde del lunes 15 de septiembre se celebró una reunión en la comunidad de Canoas a la que asistió el delegado de la Semarnat junto con su equipo de trabajo con la finalidad de escuchar las denuncias y problemáticas originadas por los trabajos mineros de la veta conocida como Eva, lo que a decir de los pobladores pone en riesgo la salud de los habitantes porque se está contaminado el río aledaño al pueblo.
En un evento realizado en la casa ejidal del lugar, al que asistieron aproximadamente 70 habitantes de la comunidad, fue notoria la participación de jóvenes, quienes además de registrar toda la sesión en video y audio haciendo uso de celulares y tabletas electrónicas, también pudo notarse la importancia que para los asistentes representaba el encuentro, toda vez que organizaron el más mínimo detalle, incluyendo la presentación de la bandera mexicana conmemorando el aniversario del inicio de la Independencia.
Al comienzo del evento y después de que el delegado de la dependencia federal presentara a los asistentes, el habitante de Canoas e hijo de ejidatarios, el doctor Celestino Campos, inició un discurso en donde planteó los posibles riesgos que la comunidad pudiera sufrir como consecuencia de la explotación del proyecto minero de la empresa Pacific Group.
«Lo mínimo que podemos hacer los que estamos aquí es defender la vida, la naturaleza, el río», sentenció Celestino Campos además de denunciar que «el año pasado (…) empezaron a llegar a este pueblo unos hombres representantes de las compañías mineras por la noche, con bolsas negras con dinero, visitando a personas selectas, ofreciendo dinero y ofreciendo algunos apoyos como trabajo a personas seleccionadas que vieron con mucha necesidad», con la intención de «corromper y dividir» a los habitantes, denunció.
De la misma forma expuso que en asamblea y por decisión de la mayoría de los habitantes se acordó que «de no resolverse este problema en Canoas, en masa el pueblo iría a sacar a la fuerza a cualquier grupo de mineros o máquinas que entrara», dijo.
Cabe mencionar que la empresa minera había comenzado a realizar trabajos de explotación semanas atrás, sin embargo, los pobladores de la zona denunciaron que fueron engañados, puesto que otorgaron el permiso de dar paso por su comunidad a las maquinarias para trabajos de exploración, mas no de explotación de la veta, por lo que denunciaron públicamente el deterioro ambiental iniciado por las actividades mineras.
A pesar de que se decidió ya no permitir el paso de la maquinaria por Canoas hacia el predio Eva, la empresa minera buscó una nueva alternativa, abriendo otro camino por la comunidad de El Arrayanal, del municipio de Minatitlán; sin embargo, tras denuncias por depredación ambiental en el proceso de la construcción de dicha vía, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró de manera temporal el acceso.
Discusión entre pobladores y el delegado
Tras una breve contextualización de la problemática, Pasarín Tapia expuso a los asistentes que la Semarnat otorgó el permiso de explotación de la mina porque la empresa cumplió con los requisitos que se le solicitaron, no obstante, declaró que se puede revocar el permiso siempre y cuando se cumpla con la reglamentación existente, además, el delegado declaró que «porque soy colimense, porque realmente amo Colima y los amo a ustedes, pues sinceramente no me voy a hacer daño también con el río que corre ahí, con esa franqueza se los digo».
La discusión comenzó cuando el abogado de la Semarnat leyó una copia del contrato celebrado entre el anterior comisariado y los representantes mineros, donde se estipula que los habitantes de Canoas otorgaban el permiso para el acceso y la extracción de mineral de todo tipo mediante el uso de maquinaria pesada, documento firmado por ambas partes y avalado ante notario público.
Uno de los ejidatarios asistentes alegó que el terreno explotado «se encuentra en un conflicto agrario», por lo que no puede otorgarse a la empresa para que ésta lo aproveche, «¿Cómo se van a meter a trabajar una mina en un terreno en conflicto?», cuestionó además de señalar que «es una pena y es una lástima ver cómo las autoridades de nosotros nos están echando abajo todo», y sentenció que «si hay un problema donde repercute en golpes o en algún accidente ustedes van a ser los responsables», dijo refiriéndose al funcionario.
Otro habitante recalcó: «usted acaba de decir que ama a Colima, que nos ama a nosotros, sin embargo estamos viendo con lo que leyó el abogado que se están inclinando a favor de las empresas que vienen a destruirnos».
El comisario ejidal Raymundo Campos explicó que en el proyecto presentado por al empresa minera no se tomaron en cuenta diversas especies de flora y fauna que se verían afectadas, «hay varias omisiones -dijo-, le puedo contar hasta 20 especies de aves que no vienen en el proyecto, le puedo contar hasta 10 especies de felinos que no vienen en el proyecto», además mencionó que dicho documento «dice claramente que va a haber residuos tóxicos».
De igual manera denunció que aunque los caminos estaban clausurados y le prohibían a la empresa minera la utilización de los mismos, «después de clausurados, la maquinaria trabajó más de 300 metros e hizo excavaciones» y cuestionó «¿A qué autoridad van a obedecer los mineros?».
En ese sentido, Jaime Pedraza Ochoa, habitante de Canoas expuso que en una ocasión, cundo acompañó a funcionarios de Profepa a ver el camino clausurado en la comunidad de El Arrayanal, él junto con los representantes de la dependencia fueron intimidados por guardias que portaban armas de grueso calibre: «cuando íbamos llegando a la mina nos alcanzó una camioneta con hombres armados con calibre de alto poder, yo vi, yo estaba ahí, a mí y a otro compadre nos sacaron».
El habitante Hipólito Aguilar Martínez señaló por su parte que el pueblo pide congruencia a los funcionarios, ya que «no creemos en las autoridades, hay muchas cosas falseadas», además dijo que «el permiso se dio pese a que no se tomaron en cuenta todas las especies de animales y vegetales», ante lo cual, responsabilizó a la Profepa, ya que la institución argumentó que sólo se talarían árboles pequeños «de bosque bajo» y la empresa derribó especies de gran altura y gruesos troncos.
Dijo también que cuenta con más de 300 firmas de habitantes de las comunidades vecinas que se niegan a permitir los trabajos de explotación de la minera Pacific Group, además son apoyados por las personas que visitan la comunidad para realizar acciones recreativas en el río, a su vez, sentenció: «estamos dispuestos a ir a la capital, pararnos ahí y decir ¡En Canoas no queremos minas!».
La posible solución al conflicto
Después de escuchar los reclamos y las denuncias de los habitantes de Canoas, Pasarín Tapia manifestó su compromiso para apoyarlos en la resolución del conflicto, reconociendo que posiblemente se pasaron cosas por alto cuando se otorgó el permiso a la empresa minera porque «nosotros actuamos de buena fe».
Así mismo, con respecto al supuesto conflicto agrario en el que se encuentra el predio Eva, el abogado de la dependencia federal declaró que no sabían de ello y reconoció que se puede presentar una solicitud de revocación por parte de los ejidatarios, en donde se señale que «nuestra resolución -de la Semarnat- tuvo lagunas, que no analizamos bien la fauna y flora», por lo que enfatizó que «esos son los agravios que tienen ustedes que utilizar para pedir la revocación».
Por lo anterior, los habitantes de Canoas deberán acreditar sus argumentos para presentar la solicitud de revocación del permiso de explotación de la empresa minera, solicitud que se hará llegar a las oficinas de la delegación de la Semarnat y que a su vez dicha dependencia enviará a las oficinas centrales para su análisis.
La reunión concluyó con la entrega de parte del expediente del caso, que será revisado por los ejidatarios con la finalidad de documentar y puntualizar todas las posibles omisiones e irregularidades con las que se otorgó el permiso. Además se fijó el compromiso del delegado Pasarín Tapia para una próxima visita el día lunes 22 de septiembre para continuar con el avance en la solución del conflicto.
Finalmente, en entrevista posterior a la reunión en la comunidad de Canoas y pese a que les aseguró a los pobladores otorgar todo su apoyo, el delegado Ernesto Pasarín recalcó que su actuar se apegará a la reglamentación que se tenga que seguir, cumpliendo con la ley y revisando paso a paso el caso, dejando claro que el permiso otorgado a la empresa minera fue «con base a derecho, con base a normatividad»; aunque declaró que se hará «un replanteamiento, un nuevo análisis y en ese entendido yo tengo mucha fe en que se va a solucionar», concluyó.