22 de Mayo 2011Nelly Luna Amancio
En el 2008 el Minsa pidió una nueva evaluación médica, pero nunca se realizó. No hubo sanciones penales. El 95% de casos se arregló extrajudicialmente.
Foto: En silencio. El 95% de las demandas planteadas contra Yanacocha, propietaria del mercurio que se derramó, se arregló fuera del Poder Judicial. Inés Saavedra recibió 2.000 soles de indemnización. (Fotos: Leslie Searles)
Cajamarca. Todo empezó con la llegada de un circo y el paso de un camión cargado de balones de mercurio mal asegurados que se dirigía a Lima. Todo empezó ese viernes 2 de junio del 2000, entre las 4 y 6:30 de la tarde: 151 kilos de mercurio líquido de propiedad de la minera Yanacocha se derramaron a lo largo de 27 kilómetros de la vía que atraviesa la comunidad de Choropampa. Atardecía cuando la gente se percató. El mercurio brillaba sobre la carretera. Desde sus altavoces el circo prometía diversión. Un grupo de trabajadores de la minera llegó esa noche y ofreció 100 soles por cada kilo recuperado. Decenas de niños se lanzaron a las calles con cucharitas en mano para juntar en tazas el líquido letal. Ese fin de semana el circo estuvo lleno de niños, repleto.
Unas 750 personas –40% de ellas menores de edad– sufrieron las secuelas de la intoxicación por mercurio. Las quejas por una serie de malestares físicos continúan hasta hoy. Pareciera que una epidemia de migraña se hubiera instalado en esta comunidad ubicada a tres horas de Cajamarca.
LES CAMBIÓ LA VIDA
El derrame alteró la vida en Choropampa. Sus calles lucen hoy asfaltadas, la minera lo hizo, y también arregló extrajudicialmente con muchos pobladores y pagó indemnizaciones a otros tantos. Pero este pago diferenciado de reparaciones los ha fragmentado socialmente. Los vecinos que recibieron poco no les hablan a los que recibieron más. Vendidos, los llaman. Pasan uno al lado del otro y ni siquiera se saludan.
Choropampa se dedica hoy más al comercio que a la agricultura, el 32% de su población tiene menos de 9 años y la desnutrición crónica se ha quintuplicado en los últimos 10 años. El día del derrame los hijos de Andrea Escalante –niños entonces– recogieron el mercurio en sus tazas. Por la noche, luego de guardar el mercurio en sus cuartos, lavaron esas mismas tazas y se sirvieron café en ellas. “Vendimos el mercurio a Yanacocha porque mis hijos querían ir al circo”. Andrea se cubre el rostro con sus dos manos y dice que sus 8 hijos sufren ahora de constantes dolores de cabeza y temblores en el cuerpo. Su voz se detiene cada vez que un camión cruza la carretera.
Ese año 2000 Andrea Escalante y otros casi mil pobladores firmaron acuerdos extrajudiciales con Yanacocha. A ella le dieron 1.000 soles de indemnización y 2.000 soles por cada uno de sus hijos. “¿Qué iba a saber yo lo que gastaría luego en medicinas?”. A cambio de ese acuerdo, renunciaba a alguna otra acción civil o penal contra la minera. Le dijeron que no podía hablar del tema porque era un acuerdo confidencial. Entonces, no contó nada.
ARREGLOS Y DEMANDAS
Meses después, alertada por la noticia del derrame, una firma estadounidense llegó a Choropampa: Engstrom, Lipscomb & Lack, de California. Así fue cómo el abogado John Alva arribó a tierras cajamarquinas y prometió a los pobladores demandar en Estados Unidos a Newmont Mining Corporation, la accionista mayoritaria de Yanacocha.
Las cifras no están claras, pero se sabe que alrededor de otras 1.000 personas se sumaron a este proceso. La firma entabló dos demandas judiciales en Denver, Colorado. Antes, los demandantes les firmaron un poder para que pudieran alcanzar cualquier tipo de arreglo. Muchos de los pobladores que firmaron dicen ahora que no entendían lo que se decía en ese documento. Otros aseguran que ni siquiera lo leyeron.
Ocho años después, en enero del 2008, y luego de varias idas y vueltas, los abogados citaron a sus clientes en un hotel de la ciudad de Cajamarca. Lo que sigue es la versión de dos pobladores que participaron en esa reunión.
Antes de entrar, les revisaron sus cosas. No permitieron el ingreso de cámaras ni teléfonos celulares. Les dijeron que habían ganado el proceso. Los llamaron uno por uno y les hicieron firmar unos documentos en inglés y en castellano con las cifras de dinero que les entregarían. Les dijeron que todo era estrictamente confidencial.
Un par de semanas después, los asistentes a esa reunión se fueron enterando de la abismal diferencia entre los montos entregados: unos recibieron US$1.000, otros US$75 mil, y dicen que más de uno US$100 mil.
El documento que ese día alrededor de mil pobladores, como Fausto Ruiz Portilla, firmaron era un “acta de liberación de todos los reclamos y demandas y reconocimiento de la recepción de los fondos de transacción”. Con este papel se ratificaba la transacción global que los abogados de EE.UU. acordaron con Yanacocha. “Reconozco, entiendo y acepto también que los miembros de mi familia, incluyendo mis herederos y cualquier persona que actúe en mi representación no podrán iniciar ningún reclamo ni demanda en contra de Newmont y minera Yanacocha”, se lee en los textos que los pobladores suscribieron. ¿A cuánto ascendía el acuerdo total? ¿Cuánto recibirían los abogados? Eso es algo que, según los pobladores, nadie les ha informado.
DERECHOS VULNERADOS
La Defensoría del Pueblo consideró en su momento –y ahora se ratifica– que en estas transacciones “no debieron haber incorporado cláusulas que limiten la responsabilidad de dolo o culpa de quienes produjeron el daño”. En esos acuerdos renunciaban a cualquier otra querella. Según la misma defensoría, varias cláusulas de estos acuerdos afectan los derechos constitucionales a una tutela judicial y al debido proceso.
Los pobladores nunca iniciaron una demanda penal. El Ministerio Público tampoco lo hizo. Los funcionarios cometieron una larga y vergonzosa cadena de irregularidades que ahora se conocen. Cada una de ellas está documentada: suman más de 500 páginas, entre informes y expedientes técnicos. El Ministerio de Salud, por ejemplo, distribuyó un boletín en el que decía que “el mercurio sale solo”.
Mirtha Vásquez, miembro del consejo directivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y abogada de Grufides, la ONG que hace 10 años trabaja en Cajamarca, dice que “nunca se formuló una denuncia penal por delito ambiental porque ninguna entidad elaboró un informe, ni el Ministerio de Energía y Minas ni el Ministerio de Salud ni los mismos fiscales”. Ella ahora busca la nulidad de estas transacciones.
DOLENCIAS CONTINÚAN
En marzo del 2008 la Dirección Regional de Salud de Cajamarca volvió a Choropampa. Tomó muestra de suelos e hizo un balance epidemiológico. El informe revela que 7 de las 18 viviendas evaluadas estaban todavía contaminadas con mercurio.
Al momento de la visita, el 78% de los pobladores declaró presentar dolores de cabeza, 45% visión borrosa, 42% fatiga, 33% parestesia en miembros superiores, 27% mareos. Todos, síntomas asociados a la contaminación por mercurio. Como el estudio no era determinante recomendaron otros más. Pero nadie ha vuelto a Choropampa desde entonces.
Luego del derrame, 935 personas resultaron con niveles de mercurio por encima del máximo recomendado: 20 microgramos por litro (ug/L). Hubo pobladores que presentaron hasta 135 ug/L. Algunos creen que fueron muchos más. Luisa Arribasplata, una enfermera del puesto de salud, quedó en coma por inhalar los vapores de este mercurio. A ella le dieron 350.000 soles de indemnización y le prometieron pagar la educación de su hija. Luisa sigue en coma. En Choropampa nadie se olvida de ella. Ni del circo.
PRECISIONES
3’000.000 de dólares
Fue el monto del acuerdo extrajudicial al que llegaron la Municipalidad Provincial de Cajamarca con Newmont y Yanacocha, en EE.UU. La firma de abogados estadounidenses cobró el 40% de este monto.
212 personas
Tienen demandas judiciales pendientes en el Perú contra Yanacocha, según la empresa minera.