Así se encuentran los ciudadanos del Valle del Tambo (Arequipa) ante los anuncios de la empresa Southern Perú, que aseguró que conseguiría la licencia de construcción para su polémico proyecto Tía María en el primer semestre de este año. Frente a ello, este viernes 16 de febrero se realizará una movilización en la localidad de Cocachacra, según informó la presidenta de la Junta de Usuarios de Riego de la Ensenada y Mejía, Marilú Marroquín.
Según la empresa y el Gobierno, los proyectos sociales financiados por la minera en la zona en los últimos meses habrían debilitado la oposición a Tía María. Esta semana, el viceministro de minas, Ricardo Labó, indicó que la empresa ha hecho todo el año pasado esfuerzos para poder relacionarse nuevamente con la zona y esto estaría dando “sus primeros frutos’”. “Este acercamiento con la población es un proceso de mediano a largo alcance, pero creo que este año vamos a tener noticias sobre mejores relaciones que las del año pasado” lo que permitiría “avanzar” con el proyecto minero, aseguró el funcionario.
Southern, de capitales mexicanos, ha venido implementando en la zona el programa denominado “Valle Unido” de relacionamiento comunitario, en el que ha realizado campañas de educación, salud, de apoyo a los agricultores, entre otras. Sin embargo, según información de la prensa local, dicho proyecto no ha tenido mayores impactos en la posición de la ciudadanía y se mantiene un “rechazo contundente” al proyecto minero. Periodistas de Arequipa encontraron en días recientes que la mayor parte de la población local no conoce este programa y mantiene su oposición a Tía María.
“Ofenden al pueblo cuando piensan que pueden comprar su apoyo con una jarrita de plástico, dos tarritos de pintura, una bolsita de úrea”, declaró Augusto Paredes Torres, secretario de la Junta de Usuarios del Valle de Tambo.
Las acciones de la empresa también han buscado el apoyo del Gobierno Regional de Arequipa. El pasado viernes, por ejemplo, la compañía minera entregó a las autoridades regionales el expediente técnico para la construcción del nuevo Centro de Salud de Cocachacra.
Persecución a líderes
Tras casi tres años de las protestas de 2015, la Fiscalía formalizó denuncia contra dirigentes sociales de la zona. La acusación fiscal utiliza la figura de “Asociación Ilícita para Delinquir”, lo que preocupa porque sería la primera vez que se aplica este tipo penal en el marco de una protesta.
El abogado y director FEDEPAZ, David Velazco, afirma que no hay pruebas contundentes para acusar a los dirigentes de formar parte de una organización criminal. “La Fiscalía no tiene ningún elemento de prueba en esta denuncia”, asegura. Velazco agregó que es legítima la protesta y la defensa por el ambiente que emprendieron los comuneros de Islay.
Como se recuerda, este polémico proyecto ha tenido que ser suspendido en dos oportunidades, en 2011 y 2015, ante la fuerte resistencia de la población que teme que se vean afectadas la provisión de agua y las actividades agrícolas.
Fuente: www.conflictosmineros.org.pe