Luego de dos meses de haber declarado el estado de emergencia en la provincia de Islay, el gobierno nacional ha tomado la decisión de no extenderlo, respondiendo así a los pedidos de la gobernadora regional de Arequipa y del alcalde de dicha localidad. Como se recuerda, la medida fue declarada en el marco de la agudización de las protestas de la población del Valle de Tambo contra el proyecto minero Tía María de la empresa Southern, que es propiedad del Grupo México.
Sin embargo, al hacer el anuncio de la suspensión del estado de emergencia, el primer ministro Pedro Cateriano ha informado también que las Fuerzas Armadas continuarán dando apoyo a la Policia, y que, además, los ministros viajarán para verificar los avances de la mesa de diálogo.
El primer hecho muestra que el gobierno no está tan seguro de la medida que está tomando, mientras que el segundo nos presenta a un régimen que actúa como si nada hubiera pasado en los meses de la protesta y como si todo hubiera vuelto a la normalidad. Pero no es eso lo que están pensando los pobladores del Valle de Tambo, tal como se deduce de la lectura del informe “Inquietudes y preocupaciones de la población de la provincia de Islay, respecto al EIA del proyecto minero Tía María, de Southern Copper Corporation”, que ha sido elaborado por la ONG Labor, por encargo del gobierno regional de Arequipa.
El informe de Labor constata que un 89% de la población se siente afectada, “no solo económicamente, sino emocionalmente”, por la extrema violencia que alcanzó el conflicto. Tal violencia es identificada, además, como la acción represiva de la Policía, mientras que la respuesta de los llamados “espartambos” es justificada como una expresión de la indignación de los jóvenes del valle.
De otro lado, un 87% de la población manifiesta que es importante que el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto, que el MINEM había aprobado el 2014, sea revisado por una instancia independiente, lo cual muestra que la ciudadanía de Islay percibe que el gobierno no ha actuado con imparcialidad. Y es por ello que el 72% estima necesarios la suspensión indefinida del proyecto y el levantamiento del estado de emergencia, pues son decisiones que harían posible que la tranquilidad volviera al Valle de Tambo.
En Noticias SER consideramos que el levantamiento del estado de emergencia en la provincia de Islay era una medida urgente y necesaria, que debe ser acompañada del retiro de las Fuerzas Armadas de la zona. Pero lo más importante sería que el gobierno llegara a un acuerdo con la empresa Southern para suspender indefinidamente el proyecto, y que paralelamente promoviera un diálogo franco y transparente con el gobierno regional de Arequipa y con los alcaldes de la provincia de Islay. De esta forma se podría construir una agenda de desarrollo para el Valle de Tambo, donde por el momento, no hay lugar para la minería, ni para Tía María. Ir en sentido contrario solo avivará el conflicto y generará una mayor radicalización de la postura de una población que solo quiere vivir en paz.
Puede leer el informe: