Tras meses de presiones empresariales, el Ejecutivo va dando señales de que el proyecto va, pero con las condiciones sociales necesarias para su normal desarrollo.
Desde junio del 2018, aunque con otro presidente, el Gobierno dejó clara su posición sobre el proyecto Tía María, de la empresa mexicana Southern Copper. El entonces Jefe del Gabinete Ministerial, César Villanueva, dijo que dicha inversión minera en la provincia de Islay (Arequipa) se debía ejecutar, pero «conversando con la gente».
En setiembre pasado, el ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, siguió en la misma línea y afirmó que el proyecto tenía «todo nuestro apoyo para que avance pronto». De esta manera, el Ejecutivo mostraba su posición sobre el proyecto por el que han perdido la vida cinco ciudadanos, víctimas de proyectiles de armas de fuego policiales disparados durante protestas en 2015 y 2011.
Hasta que, debido a la cercanía del vencimiento del plazo para que el Gobierno apruebe o desapruebe el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de Tía María, el CEO de Southern, Óscar Gonzalez Rocha, se manifestó. En una entrevista a El Comercio, el directivo de la compañía mexicana dijo que entendía que «el Gobierno tiene pensado otorgar la licencia de construcción antes de la mitad de agosto» y advirtió que, en caso esto no suceda, el proyecto volvería a fojas cero, porque se tendría que realizar un nuevo EIA, lo que tardaría aproximadamente un año y retrasaría la inversión minera.
Ante ello, el ministro Ísmodes respondió que confiaba en que el proyecto salga adelante este 2019, pero con un «consenso mayor en la ciudadanía». Y luego la presidenta de la Confiep, María León, afirmó que Southern ya tenía la llamada «licencia social». Así, los empresarios y los funcionarios del Gobierno iban intercambiando opiniones sobre Tía María.
Hasta que el pasado 12 de junio, la agencia estatal Andina publicó una nota en la que, citando al consultor en desarrollo y minería sostenible, Manuel Aguilar Villalobos, afirmó que «Tía María es factible para explotación minera sostenible«.
«He leído últimamente en la prensa que muchos se oponen, porque el polvo de Tía María va a contaminar los campos agrícolas. Eso no es correcto. El polvo significa que la actividad de Tía María más cercana al valle del Tambo sería la operación de La Tapada, que está a 3 000 metros, y a aproximadamente a 242 metros de altura, sobre el valle del Tambo”, dijo el magister en Ingeniería Mecánica de la Universidad Estatal Wayne (Estados Unidos).
Finalmente, este lunes, el presidente Martín Vizcarra dio su opinión. En declaraciones a Exitosa, dijo que para que Tía María se ejecute se debe dialogar, tal como se hizo con Las Bambas. Si bien actualmente no hay protestas en el Valle del Tambo, el presidente hizo esta declaración:
«Antes de hablar de Tía María hablemos de Las Bambas. Nosotros encontramos un problema que se convirtió en crisis en abril. Por eso la economía en abril se resintió. Lo que se pedía era mano dura y qué hicimos nosotros: en base al diálogo estamos saliendo adelante. Un Estado fuerte no es el que mete bala a los comuneros «.
«Con el pueblo se conversa, se dialoga y se concerta. Lo mismo tenemos que hacer con Tía María. Aclaremos las dudas. Yo me he reunido con el gobernador de Arequipa y los alcaldes de Islay y zonas de influencia que muestran su preocupación, por lo que desarrollemos juntos la provincia de Islay», agregó.
Vizcarra también puso como ejemplo lo que pasó con Quellaveco en Moquegua:
«En mi región, con US$ 5,300 millones de inversión está en proceso en base al diálogo y poner todo sobre la mesa. He sido gobernador regional cuando se le dio la licencia social a Quellaveco. No fue una carta blanca en absoluto, lo que demandamos fue inversión pero sin contaminación y con aporte al desarrollo de la región. Así fue también en Las Bambas por lo que sí hay ejemplos de minería responsable».
El Gobierno deberá hacer oficial y definitiva su posición sobre el proyecto minero Tía María y considerar el contexto social en la provincia de Islay, especialmente en el Valle del Tambo, zona agrícola donde los campesinos temen que sus cultivos se vean afectados por la explotación extractiva.
Recordemos que, en el 2009, Southern Copper presentó el EIA de Tía María y este recibió 136 observaciones de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicio para Proyectos (UNOPS), lo que generó protestas durante el gobierno de Alan García en el 2011, cuando lamentablemente tres ciudadanos perdieron la vida víctimas de perdigones disparados por la Policía Nacional. Otra protesta se realizó durante el gobierno de Ollanta Humala en el 2015, cuando otros dos ciudadanos murieron por la represión policial en Islay. En ese momento, Humala puso en «modo pausa» el proyecto, ya que dijo no poder suspender ni cancelar la inversión.
Tía María se ubica en el distrito de Cocachacra, provincia de Islay, región Arequipa. Se estima que la mina produzca 120 mil toneladas de cobre por año. Para su construcción, se invertirán 1, 400 millones de dólares. En principio, el inicio de sus operaciones estaba planeado para finales del 2011, pero ya han pasado ocho años y el proyecto no se ejecuta debido a la oposición ciudadana.
Al respecto, los empresarios citan una encuesta de Ipsos que indica que el 61% de encuestados en Islay considera que el proyecto minero generará puestos de trabajo para la población local y otro 71% considera que será una oportunidad de empleo para los jóvenes.
Por su parte, la periodista arequipeña Mabel Cáceres, dijo a Noticias SER, que «el malestar de la población contra Southern» y el proyecto «no ha cambiado». «No hay ninguna razón objetiva para que la población les crea», afirmó.
Fuente:https://redaccion.lamula.pe/2019/06/17/tia-maria-martin-vizcarra-southern-copper-arequipa-islay-valle-de-tambo-conflicto-minero-eia/jorgepaucar/