Los militares no se van. La medida fue rechazada por los dirigentes de la provincia arequipeña. Los militares, hasta el momento, han permanecido dos meses en dicha zona.
A través de la resolución suprema 158-2015 del Ministerio del Interior, el Gobierno prorrogó por 30 días más la presencia de las Fuerzas Armadas en la provincia arequipeña de Islay. El objetivo de esta medida- según el Ejecutivo- es mantener el orden en el Valle de Tambo cuya población se opone, en su mayoría, al proyecto minero Tía María.
El documento legal indica que las Fuerzas Armadas actuarán en apoyo de la Policía Nacional ante posibles actos de violencia, ta como se reportaron hace dos meses y que dejaron el lamentable saldo de cuatro fallecidos y decenas de heridos. Sobre las protestas ciudadanas, hay que mencionar que si bien en muchas de ellas hubo actos de violencia, no se puede pasar por alto el accionar de los agentes policiales que incluso llegaron a utilizar sus armas de fuego.
La norma, asimismo, no implica la restricción, suspensión o afectación de los derechos fundamentales de los ciudadanos de la provincia costera. Esto significa que los arequipeños de esa zona tienen libertad para movilizarse y, si lo desean, realizar movilizaciones.
A pesar de ello, la autoridades y dirigentes de Islay no están contentos con la resolución. Así, Jesús Cornejo, Junta de Usuarios del Valle de Tambo, señaló que la decisión del Gobierno es equivocada:
«El pueblo ya dio su palabra, no quiere la mina y eso debe respetar el gobierno y no intentar imponer el proyecto».
Por su parte, Jaime De la Cruz Gallegos, exalcalde del distrito de Deán Valdivia, resaltó que el Gobierno debería preocuparse más bien por las necesidades de los ciudadanos de Islay:
«No es atinada esta decisión. Desperdician al personal militar y policial que deben atender otras funciones en la ciudad. […] Necesitamos que el gobierno atienda la educación, salud, servicios básicos y otros».
Citan a Marco Arana
La Fiscalía Especializada en Crimen Organizado citó como testigo al líder ambientalista y precandidato presidencial del Frente Amplio Marco Arana como parte de la investigación por asociación ilícita para delinquir que pesa sobre el exdirigente minero Pepe Julio Gutiérrez.
El exsacerdote Marco Arana fue requerido por las declaraciones que hizo sobre los audios en los cuales se escucha a Gutiérrez pedirle a Jesús Gómez Urquizo, abogado vinculado a Southern Copper (empresa a cargo del mencionado proyecto minero), un millón y medio de dólares (las famosas lentejas) para terminar con las protestas contra la transnacional.
Arana, al finalizar la audiencia -que duró tres horas- se dirigió a los medios de prensa y rechazó todo tipo de vinculación con alguna negociación con la empresa mexicana para obtener dinero a partir de la paralización de las protestas. No descartó, además, que está asociación en su contra tenga un trasfondo político. Afirmó que en Islay «Hay un movimiento ciudadano que va más allá de la derecha y la izquierda».