Las marchas contra el proyecto minero han vuelto. Población rechaza sentencia contra sus dirigentes y pide que no se les capture. Empresa Southern Perú continúa con la socialización del proyecto.
(Foto: Archivo GEC)
Zenaida Condori Contreras, Colaboradora de El Comercio en Arequipa
15/01/2021
El conflicto social más antiguo en Arequipa es Tía María. Los pobladores del Valle de Tambo no aceptan el proyecto minero de la empresa Southern Perú por temor a posibles daños ambientales y afectación a la agricultura. De acuerdo al reporte de la Defensoría del Pueblo, este problema fue reportado en el 2009. Han pasado más de 10 años y el conflicto se mantiene latente en la provincia de Islay, lugar en el que bastaría una chispa para reavivar las protestas.
La primera semana de este año dos hechos incitaron las movilizaciones en el valle. Las banderas verdes de “Agro sí, mina no” se volvieron a agitar en los distritos de Cocachacra, Deán Valdivia y la Punta de Bombón. El pasado 6 de enero, en la sesión solemne del aniversario de Mollendo (capital de la provincia Islay), el alcalde provincial, Edgar Rivera, le entregó el “Diploma de la Ciudad” a la empresa minera Southern Perú por el apoyo que brinda durante la pandemia por la COVID-19.
Apenas los antimineros se dieron tiempo para asimilar este hecho, pues recibieron la noticia de la sentencia a sus dirigentes. El 7 de enero, el Primer Colegiado Supra Provincial Penal de la Corte Superior de Justicia de Arequipa leyó el adelanto de sentencia contra los dirigentes del Valle de Tambo por haber cometido diversos delitos durante las protestas del 2015.
Castigo
Los magistrados encontraron responsabilidad en tres dirigentes y otros 13 fueron absueltos. Pepe Julio Gutiérrez Zeballos, quien fue presidente del Frente de Defensa del Valle del Tambo, fue sentenciado a 16 años de prisión por los delitos de extorsión contra Southern Perú, entorpecimiento de los servicios públicos, disturbios y motín. Como Gutiérrez ya cumplió dos años y nueve meses de prisión preventiva, solo será encerrado 13 años y tres meses.
Jesús Mariano Cornejo Reynoso, presidente de la Junta de Usuarios del Valle del Tambo, fue condenado a siete años y cuatro meses de cárcel por los delitos de entorpecimiento de los servicios públicos y motín. Jaime Trinidad de la Cruz Gallegos, quién en el 2015 fue alcalde del distrito de Deán Valdivia, recibió una pena de 12 años y cuatro meses por los delitos de entorpecimiento de los servicios públicos, disturbios y motín.
Además, el Colegiado Penal dispuso que Jesús Cornejo pague una reparación civil de S/35.000 por entorpecimiento de los servicios públicos. Entre Pepe Julio Gutiérrez y Jaime de la Cruz tendrán que abonar S/500.000 a favor del Estado por los disturbios y entorpecimientos de los servicios públicos. Asimismo, entre los tres condenados deberán pagar adicionalmente S/100.000 por los motines.
De otro lado, el Colegiado absolvió de todos los cargos formulados por el Ministerio Público a Richard Ale Cruz, Justo Paredes Torres, José Ramos Carrera, Juan Meza Igme, Hilario Cornejo Reynoso, Luis Justo Laredo, Esteban Pareja Prado, Martín César Juárez Bernedo, Victor Zeballos Ortiz, Juan José Colquehaunca Chaiña, Héctor Herrera Herrera, Roger Manuel Ramos Flores y Jorge del Carpio Lazo. La lectura integral de la sentencia se realizará el próximo 29 de enero.
Reacciones
“Rechazamos el fallo del Poder Judicial porque ahora cualquiera que proteste puede ser sentenciado. Basta de la criminalización de la protesta social. No se condena a los luchadores sociales, ellos son defensores de los derechos. Los abogados han presentado un escrito para que cese la orden de captura. De igual manera rechazamos que una empresa asesina haya sido reconocida por el alcalde provincial de Islay”, declaró el vocero del Valle de Tambo, Miguel Meza.
En el Ministerio Público, por el contrario, hubo satisfacción por la sentencia. La fiscal María Alejandra Cárdenas, que investigó el caso cuando trabajaba en Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada, publicó en su cuenta de Facebook: “Después de tantos años acabó un proceso que trajo muchos sinsabores a mi carrera (…) Asumí porque tenía y debía servir a mi patria. La violencia, el caos, las restricciones de tránsito, el miedo de aquellos que no eran mayoría y que hizo que dejaran sus hogares (…). No se trataba de ‘agro sí y mina no’, sino de orden y respeto al derecho y la opinión (…). Gracias familia por no flaquear ante los insultos inmerecidos, falsos que recibía, ante las amenazas, hoy estoy contenta no por mí, sino por mi Arequipa”.
No obstante, los sentenciados se mantienen en la clandestinidad y las manifestaciones han retornado. Este último martes una caravana de agricultores del Valle de Tambo se movilizó pacíficamente desde Cocachacra hasta la ciudad de Mollendo. Los agricultores se transportaron en camiones hasta La Rotonda y luego caminaron más de cinco kilómetros para llegar a la capital de su provincia. Protestaron contra el alcalde Edgar Rivera por el reconocimiento a la empresa minera y contra la sentencia del Poder Judicial. Este jueves, un grupo de antimineros llegó hasta la sede la Corte Superior de Justicia de Arequipa para mostrar su rechazo por el fallo.
El proyecto minero
Desde el 2009, la empresa Southern Perú busca desarrollar su proyecto minero que le permitirá explotar 120.000 toneladas de cobre refinado al año. Cada intento por llevarlo a cabo ha desatado un conflicto social. Entre el 2011 y 2015 los enfrentamientos entre la policía y los manifestantes han cobrado la vida de siete personas. En el 2019 se dio un paro que duró más de 100 días y que generó que los estudiantes estuvieran a poco de perder el año escolar.
Southern Perú tiene los permisos de ley para su proyecto. Tiene aprobado el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y el 8 de julio del 2019 recibió la licencia de construcción del Ministerio de Energía y Minas (Minem). Si bien el proyecto fue suspendido por 120 días a raíz de las protestas y demandas legales de anti mineros, en octubre de ese mismo año el Consejo de Minería ratificó la licencia de construcción de Tía María. El proyecto que tiene una inversión de US$1.400 millones está paralizado hasta que obtenga la licencia social.
“No hay mayor avance. En su momento el Gobierno se pronunció de que no se iniciaba la construcción. Nosotros seguimos con el trabajo de socialización, aplicando todos los protocolos de seguridad, ya nos estamos posicionando. Desde el año pasado ya no usamos a Valle Unido para la relación con las autoridades y la comunidad. Ahora es Tía María. La inversión sigue disponible para iniciar el proyecto. Siempre tenemos la esperanza”, indicó a El Comercio el jefe de Comunicaciones Corporativas de Southern Perú, Paul Lostaunau.
Acciones
Luis Zapata, vocero de Arequipeños por Arequipa, un colectivo que respalda la inversión en la región, lamentó que el proyecto se haya convertido en una “papa caliente” que las autoridades no quieren sacar adelante. Dice que, ante la crisis que se vive por la pandemia, Tía María sería una palanca para reactivar la economía. Zapata manifestó que si vuelven las paralizaciones y protestas violentas, su colectivo también actuará en pro del desarrollo.
El proyecto minero es de competencia nacional. El expresidente Martín Vizcarra dijo que sin licencia social no se puede empezar el proyecto. El sector empresarial, que espera la reactivación económica, está a la expectativa de la posición que vaya a tomar el nuevo presidente Francisco Sagasti. Asimismo, las autoridades regionales de Arequipa han hecho poco para impulsar el proyecto. La exgobernadora Yamila Osorio asumió una posición neutral y de diálogo que no rindió frutos.
El actual gobernador, Elmer Cáceres, ha tomado partido por los manifestantes y con la bandera verde de “Agro sí, mina no” se ha puesto en contra de la empresa minera. Por su accionar fue acusado de incitar protestas y bloqueo de vías.
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