En Perú existen al menos 145 conflictos socioambientales, lo que representa más de 68 por ciento de la totalidad de conflictos sociales en el país. Este alto índice está asociado a las tensiones abiertas por proyectos extractivos impuestos por el neoliberalismo. Diversas autorizaciones estatales, a favor de empresas transnacionales y locales, han sido otorgadas al margen de la voluntad de las comunidades y pueblos afectados, han determinado una expansión de concesiones mineras que alcanza 20% del territorio nacional. Sólo en Islay, provincia en la que se desarrolla el proyecto Tía María a cargo de Southern Copper-Grupo México, más de 85% del territorio está concesionado a privados.
A cielo abierto: Las Bambas, Tía María y Toromocho. Ahí donde se instalan los megaproyectos, el poder corporativo ha provocado violentos conflictos al imponer sus reglas de convivencia o formas de destrucción ecológica. Las Bambas es la inversión minera más grande que existe en el Perú y está en manos del consorcio chino MMG, comprende un área de 33 mil 200 hectáreas para la inminente explotación de cobre y molibdeno a tajo abierto en el departamento surandino de Apurímac. Tras una década de negociaciones, la aceptación inicial del proyecto fue cuestionada debido a la modificación del estudio de impacto ambiental en plena etapa de construcción de la mina, la cual supone el traslado de una planta de molibdeno a la cabecera de cuenca del río Challhuahuacho, la eliminación del mineroducto a cambio de la circulación de 125 camiones por día, así como la exclusión de varias comunidades indígenas de la identificación de zonas de impacto del proyecto.
Estos cambios realizados sin consulta ni participación de las comunidades afectadas fueron el detonante de una masiva protesta en septiembre pasado. Una movilización de 10 mil indígenas fue reprimida por la policía para proteger el campamento minero y desarticular el reclamo social. El saldo de los enfrentamientos: tres comuneros muertos, quince heridos de bala y decenas de detenidos a quienes no se le interrogó en su idioma originario (quechua), así como la declaración del estado de emergencia, previa intervención militar. A la fecha el diálogo con el gobierno no tiene resultados.
Por otro lado, los agricultores del Valle del Tambo exigen la cancelación del proyecto Tía María, que comprende dos yacimientos de tajo abierto por un total 650 millones 715 mil toneladas de cobre, porque afectaría irreversiblemente esta importante fuente productiva de la cadena alimenticia del sur. El antecedente es el primer estudio de impacto ambiental presentado por la empresa en el 2009; tras una consulta popular en las localidades de Cocachacra, Punta de Bombón y Deán Valdivia, el 80 por ciento rechazó el proyecto minero y su pretensión de uso de agua de cuenca. Hacia 2011, el estudio ambiental fue rechazado por el Ministerio de Energía y Minas (MEM) a raíz de los 138 cuestionamientos de UNOPS, entidad de Naciones Unidas que prestó servicios técnicos para la evaluación.
Durante 2015 se realizaron intensas protestas porque el MEM aprobó un nuevo estudio de impacto ambiental sin evaluaciones externas ni la participación del pueblo afectado; la jornada terminó tras una injustificada represión policial con apoyo militar. Si bien el proyecto ahora prevé que usaría agua de mar desalinizada, la población denuncia que los impactos serían irreversibles. Southern Copper-Grupo México se ubica dentro de las diez empresas extractivas con más sanciones por afectaciones ambientales en el país; también es cuestionada por el proyecto Los Chancas en el departamento de Apurímac, debido a la afectación de tierras y omisión estatal de consulta previa a la comunidad campesina de Tapayrihua, desde 1998.
La gran minería en los Andes peruanos también causa la desaparición de ciudades enteras. No se trata de un relato mágico, primero sucedió con Cerro de Pasco, una ciudad atada históricamente a la minería desde sus orígenes; debido a la alta contaminación, daños a la salud y deterioro de viviendas e infraestructura, la Ley 29293 del año 2008 ha dispuesto el traslado de esta ciudad que acoge a más de 65 mil habitantes. Ahora ocurre lo mismo con la ciudad de Morococha en la provincia de Yauli, departamento de Junín: el proyecto minero Toromocho, ejecutado por la empresa transnacional Chinalco, comprende otra mina de tajo abierto destinada a procesar 117 mil 200 toneladas de minerales (cobre y molibdeno) durante 36 años y ha conducido al reasentamiento de la ciudad entera. No obstante, las familias que han resistido a esta medida fueron presionadas mediante el corte del servicio de agua y energía eléctrica, han denunciado durante 2014 y 2015 que las condiciones del traslado vulneran su integridad y salud. El arzobispo metropolitano, Pedro Barreto, llamó la atención sobre las condiciones de hacinamiento en los albergues temporales de traslado a Morococha Nueva. La expectativa de desarrollo se convirtió en un éxodo a la incertidumbre.
¿Y la consulta previa a los pueblos indígenas? El Decreto de Reforma Agraria de 1969 dispuso el cambio de denominación de las comunidades de indígenas a comunidades campesinas para enfatizar su nueva relación de propiedad sobre la tierra. Pero tras veinte años de vigencia del Convenio 169 de la OIT en Perú, ninguna concesión minera en territorio indígena andino ha sido consultada con las comunidades afectadas, a pesar de configurar el primer acto estatal para la actividad minera. A este ritmo más del 48 por ciento de las tierras de comunidades campesinas han sido concesionadas sin información adecuada.
La Ley 29785 fue promulgada en 2011 como supuesto mecanismo de implementación del derecho a consulta; sin embargo, la aplicación de este derecho colectivo ha sido bloqueada por el poder corporativo y el gobierno. El propio presidente Ollanta Humala ha declarado en TV Perú que la identificación de pueblos indígenas se reduciría a las comunidades no contactadas de la selva peruana. Tras la ley, si bien algunos lotes petroleros han sido objeto de consulta en territorios de comunidades amazónicas, ésta se ha realizado respecto a etapas avanzadas de la inversión en hidrocarburos. Mientras, en el sector minero el gobierno ha iniciado recientemente dos consultas a comunidades campesinas, con deficiencias similares y advirtiendo siempre que este derecho no genera resultados vinculantes.
Huida hacia adelante, derechos hacia atrás. La tendencia a la baja en los precios internacionales de los minerales ha motivado reformas legales que flexibilizan estándares ambientales para atraer más inversiones. La Ley 30230, por ejemplo, reduce funciones de fiscalización y sanción en materia ambiental. La apuesta de los gobiernos neoliberales en Perú ha sido clara: el modelo no se toca, es irreversible. Así, la protección del medio ambiente y la participación ciudadana se convierten en barreras burocráticas; el derecho a consulta es reducido a un mero procedimiento formal, mientras se niega el derecho al consentimiento previo como componente fundamental de la autodeterminación de los pueblos indígenas y el territorio se transa como mercancía. Por otro lado, 150 peruanos fueron ejecutados arbitrariamente por la fuerza pública en protestas sociales durante los últimos tres gobiernos y sus muertes siguen impunes g
*Walter Vargas, responsable del Área de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de APRODEH e integrante de la Red Internacional DESC, cursa la maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
Fuente: La Jornada