Pobladores y ambientalistas plantearon hoy ante diputados opositores al gobierno de Álvaro Colom su temor ante un posible conflicto de países por la autorización que hizo Guatemala para una operación minera cerca de la frontera con El Salvador, informaron fuentes legislativas.
Escrito por DPA
Martes, 16 marzo 2010
Por tal motivo pidieron al gobierno guatemalteco, por medio de sus representantes que asistieron a la reunión con los congresistas, dar marcha atrás en la inminente operación de una mina en la frontera común.
Los ciudadanos expusieron los daños ambientales y nulos beneficios que reportaría a los pobladores la mina Cerro Blanco en el municipio guatemalteco de Asunción Mita, departamento de Jutiapa (a unos 150 kilómetros al este de la capital), en la frontera con El Salvador.
Rechazaron la decisión del gobierno guatemalteco por considerar que «se coloca al país al borde de un conflicto internacional» como consecuencia de los perjuicios para la naturaleza y las poblaciones de El Salvador. El Centro de Investigación sobre Inversión y Comercio (Ceicom), en representación de las comunidades salvadoreñas, la Comisión Justicia y Paz, entidad de la Iglesia Católica de Guatemala, y el ambientalista Colectivo Madre Selva pidieron al gobierno revocar la licencia de operación de la mina Cerro Blanco.
El gobierno guatemalteco autorizó el 22 de septiembre de 2007 la licencia de explotación minera a una empresa filial de la transnacional canadiense Gold Corp, con una vigencia de 25 años, que en breve comenzará la producción de oro en Cerro Blanco.
La operación de la mina causaría daños al ambiente en Guatemala y por la eventual contaminación del Río Lempa, el más largo de Centroamérica, se afectaría a más de tres millones de salvadoreños, casi la mitad de la población total del país, denunció el dirigente del Ceicom, David Pereira.
Alfredo Pokus, viceministro de Energía y Minas, aclaró a los diputados opositores que la mina se encuentra «en proceso», a nivel de trabajos de exploración, y prometió parar el proyecto si un informe técnico y científico, «no político», determina que es perjudicial.