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TC admite requerimiento del Gobierno en caso Dominga y paraliza proceso judicial

16/04/2025
El Mostrador
El TC declaró admisible el requerimiento del gobierno por el caso Dominga, suspendiendo procedimientos judiciales en Antofagasta y el Tribunal Ambiental. “Utilizamos herramientas constitucionales para hacer valer el Estado de derecho”, afirmó el subsecretario Maximiliano Proaño.

El Tribunal Constitucional (TC) declaró admisible el requerimiento presentado por el gobierno en el conflicto por el proyecto Dominga, una acción que busca definir los límites de competencias entre el Ejecutivo y la justicia ambiental.

La decisión de la Segunda Sala se adoptó con los votos a favor de Nancy Yáñez, María Pía Silva y Mario Gomez Montoya y el voto en contra de los ministros Raúl Mera Muñoz y Marcela Peredo Rojas, quienes sostuvieron que no se habrían cumplido los requisitos exigidos para la admisión del requerimiento.

La decisión suspende temporalmente los procedimientos en la Corte de Apelaciones de Antofagasta y el Primer Tribunal Ambiental, introduciendo un nuevo giro en la pugna institucional.

El requerimiento fue presentado por el Comité de Ministros el 23 de marzo, en respuesta a un fallo del Primer Tribunal Ambiental que ordenó al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) dictar una nueva resolución sobre Dominga.

El gobierno argumenta que esta orden invade competencias exclusivas del comité, al cual corresponde la última palabra en evaluaciones ambientales. “Estamos utilizando las herramientas constitucionales para hacer valer el Estado de derecho”, señaló Maximiliano Proaño, subsecretario del Medio Ambiente.

La resolución del TC, emitida este 15 de abril, establece que el requerimiento cumple con los requisitos formales y que su admisión es necesaria para evitar un “daño irreparable” en caso de que los procedimientos judiciales avancen en paralelo. La decisión contó con tres votos a favor y dos en contra, con los disidentes señalando que no se habrían cumplido los requisitos para la admisión.

Desde Andes Iron, empresa responsable del proyecto, calificaron la acción del gobierno como una “maniobra dilatoria” para retrasar la ejecución del fallo del Primer Tribunal Ambiental. Según la compañía, el comité agotó sus competencias y el proyecto debería ser declarado aprobado.
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