Por Pino Solanas
Una ley que no se aplica…
En franca violación a las disposiciones de la ley Nº 26.659, la Barrick Gold y otras transnacionales mineras que operan en nuestro país son copropietarias de las petroleras británicas que están extrayendo crudo en el mar que circunda las Malvinas: Falklands Oil and Gas Company, Rockhopper Exploration, Desire Petroleum y Borders Southern. La ley, de nuestra autoría y votada por unanimidad por ambas cámaras del Congreso y vigente desde el 13 de julio, prohibe a toda empresa que actúe en la República Argentina desarrollar actividades hidrocarburíferas –o estar ligada a quienes las realicen– en nuestra plataforma marítima sin la autorización de la Secretaría de Energía de la Nación.
A ocho meses de la promulgación de la ley, el Gobierno no la aplica. En una suerte de tango del saqueo, la pareja de mineras-petroleras que operan en Malvinas pertenece a los mismos grupos financieros transnacionales que controlan las corporaciones auríferas del país: el 76% del paquete accionario de la Barrick Gold –megayacimientos Veladero y Pascua Lama– más el 55.9% de Gold Corp –Bajo la Alumbrera y Cerro Negro– y el 40.5 % de las acciones de Anglo Gold Asanthi –Cerro Vanguardia–. En efecto, son los mismos que poseen el 33% de las petroleras Rockhopper Exploration y Borders & Southern Petroleum; el 25% de Desire Petroleum y el 37.8 % de Falkland Oil and Gas. A su vez, uno de los fondos de inversión más importantes del mundo –propiedad del Bank of America– el Blackrock Group; además de ser accionista de la Barrick Gold, tiene participación en las petroleras Rockhopper, en Desire Petroleum y en Falkland Oil and Gas, teniendo en esta última el 49% del capital accionario. También debemos mencionar a TD Asset Management, fondo de inversión americano accionista de la Barrick Gold y de Goldcorp –Cerro Negro, en Santa Cruz– con el 7,4% de las acciones de Rockhopper y el 7.5 % de Desire Petroleum; y el Banco Barclays, también accionista de Desire Petroleum, es el mismo que en el canje de bonos realizado en 2010 representaba a los bonistas y también al Estado argentino por propia decisión del ministro Boudou.
Somos un país invadido que ha perdido una parte de su territorio no sólo por la ocupación británica de las Malvinas. En los últimos veinte años se han cedido miles de kilómetros –Patagonia, cordillera de los Andes, provincias del noroeste, noreste y centro– a las corporaciones transnacionales residentes en Londres, Nueva York, Zurich, París, Tokio. De nuestro territorio se llevan los bienes y recursos estratégicos: petróleo, oro, cobre, plata, litio, molibdeno, uranio y sesenta más; y cereales, carnes y alimentos.
Desde los años 90, la Argentina vive un agudo proceso de colonización económica que se profundiza al compás de los planes del Banco Mundial y del IRSA. Las mismas corporaciones que manejan el petróleo y detentan la minería gozan de total impunidad en la Argentina. Ninguna otra actividad empresaria como la minera ha recibido mayores beneficios económicos: estabilidad fiscal por treinta años; exención impositiva de la casi totalidad de los impuestos –incluido al cheque y al gasoil–; deducción del 3% de regalías de todos los gastos de extracción, refinación, transporte, seguros, administracion y fletes hasta puerto de destino. No hay control público de sus exportaciones y pagan de acuerdo con las declaraciones juradas que realizan seis meses después de llegar la carga al puerto de destino. Hasta hace unos días, podían dejar en el extranjero el 100% de las divisas de sus exportaciones: ¿esta operación de vaciamiento que recuerda a la Potosí colonial del siglo XVI ?
En estas décadas, el Reino Unido se ha venido burlando de los acuerdos de cooperación firmados en Madrid en 1989/90 y todas las resoluciones de las Naciones Unidas que solicitan establecer negociaciones sobre la cuestión Malvinas. “¿Como es posible que a 14 mil kilómetros de distancia pretendan reivindicar su dominio?”, decía el ex presidente Lula en la cumbre del grupo Rio en Cancún. De la tolerancia a la seducción, las politicas argentinas fracasaron mientras Inglaterra avanzó ganando tiempo en su estrategia del hecho consumado. Hoy reclaman soberanía sobre 350 millas desde las islas, reconoce la nueva constitución de los kelpers y han construido la mayor base militar del hemisferio sur, que incluye fragatas misilísticas, aviones de combate Tyfon y un submarino nuclear. ¿A quién amenaza semejante armada? A una Argentina desarmada a la que no le vuelan diez aviones y ha desmantelado sus industrias de defensa.
Para recuperar las Malvinas, la Argentina no tiene otro camino que la batalla diplomática y la aplicación de la ley 26.659: apelar a la solidaridad continental para que ningún barco o aeronave salga de los puertos argentinos o latinoamericanos con destino a Malvinas y ejecutar las sanciones económicas que prevé la nueva ley. El saqueo de nuestro petróleo debe ser compensado con las rentas y concesiones de las empresas británicas, americanas o del país que fueren. La recuperación de las Islas Malvinas es una causa patriótica que debe unir a los argentinos sin distinciones políticas ni sociales.
*Diputado nacional, Proyecto Sur.