Por Emilio Godoy
Dos proyectos de reforma a la actual ley minera de México, uno del gobierno y otro de académicos y organizaciones no gubernamentales, convergen en la urgencia de modificar profundamente las reglas de esa actividad.
Pero las dos propuestas divergen en los mecanismos y objetivos de la modificación de la Ley de Minería de 1992. Para el gobierno la prioridad es una mayor participación en el lucrativo negocio extractivo y para la sociedad civil la defensa del ambiente y las comunidades del entorno de los yacimientos.
El proyecto de especialistas y colectivos sociales, trabajado durante un año, plantea un veto a los tajos a cielo abierto, un esquema de regalías sobre los minerales y metales y medidas de remediación ambiental. La ley actual, según sus críticos, ofrece grandes incentivos a las empresas extractoras y nulos beneficios al Estado y las comunidades.
«La reforma tiene que prohibir la minería a cielo abierto para extracción de metales preciosos. Se tiene que privilegiar la protección de los derechos humanos, el ambiente y el agua», refirió a IPS el investigador Juan Carlos Ruiz, del estatal Colegio de San Luis.
«Se tiene que hacer un cálculo que considere el precio real de la extracción del mineral, como el costo del agua, la remediación de los sitios y el desarrollo económico de la región», planteó el especialista, quien ha estado involucrado en la elaboración del proyecto legal.
El proyecto de reforma que adelanta el gobierno está en manos del secretario (ministro) de Economía, Ildefonso Guajardo, toda una declaración de intenciones sobre sus objetivos con la nueva ley, que pretende que entre en vigor en 2014.
Con soporte en la actual legislación, México se ha convertido en un paraíso para la industria extractiva, al grado de que existen 25.693 permisos, que abracan 51 millones de hectáreas, según estadísticas de la Secretaría de Economía.
La Cámara Minera de México detalló a IPS que en el sector operan 285 compañías, con 853 proyectos, que generan más de 300.000 empleos directos y totalizaron más de 7.000 millones de dólares de inversión en 2012.
Solo en el periodo 2010-2012 entraron en operación 15 nuevas minas, mientras otros 22 emprendimientos están en construcción o en fase de exploración, explicaron portavoces del gremio de empresarios mineros, que precisaron que la Cámara no tiene todavía «una postura pública» sobre los cambios de reglas en discusión.
ProMéxico, la oficina de captación de inversión extranjera, situó en 22.000 millones de dólares los ingresos brutos generados por la minería durante 2012. En los próximos seis años, proyecta el arribo de 35.000 millones de dólares de este tipo de capital, procedentes mayormente de Canadá y Estados Unidos.
México es el primer productor de plata, tercero de bismuto, quinto de molibdeno y plomo y noveno de oro, coinciden ProMéxico y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
Pero esas explotaciones han creado fricciones con las comunidades locales, por deforestación, contaminación del agua y generación de residuos líquidos peligrosos y han provocado que los pobladores rechacen tajantemente esas actividades.
La Secretaría de Economía, dijo su titular en varias presentaciones, pretende revisar el esquema actual de concesiones en temas como el pago de derechos sobre la producción de materias primas y los beneficios para las poblaciones cercanas.
En materia tributaria, Guajardo no consideró que el nuevo esquema deba basarse necesariamente en un sistema de regalías, aunque ese sea el estándar internacional y sea defendido como el más beneficioso para los países mineros.
Actualmente en México las compañías pagan entre 36 centavos de dólar y ocho dólares anuales por cada hectárea de su concesión para extraer metales preciosos o minerales. A este canon se suma solo el pago del impuesto sobre la renta.
La reforma minera fue incluida en el Pacto por México suscrito, cuando llegó al poder en diciembre, por el presidente conservador Enrique Peña Nieto con los partidos políticos con representación en el Congreso legislativo.
Allí se acuerda la aprobación de una nueva ley minera que «revise el esquema de concesiones y pagos de derechos federales vinculados a la producción». También se establece que «los recursos emanados de estos derechos se aplicarán prioritariamente en beneficio directo de los municipios y comunidades donde se establezcan las explotaciones mineras».
Guajardo explicó que los ejes de la ley serán: una nueva fórmula fiscal para las concesiones mineras, la sustentabilidad y el respeto a sitios naturales o culturales protegidos, los beneficios a las comunidades cercanas y la seguridad jurídica a los inversores.
El secretario busca actualmente el consenso sobre estos puntos, antes de presentar su proyecto ante el Congreso, a donde ya llegó la propuesta social, que servirá de referencia para el debate. La Cepal ha señalado que la gobernanza de los recursos naturales en América Latina, una región de gran riqueza minera, implica captar e invertir eficientemente las rentas extraordinarias del actual ciclo de precios elevados con criterios de sustentabilidad social y ambiental.
Además, requiere la construcción de consensos sociales para invertir esos ingresos efectivamente en capacidades humanas, innovación tecnológica, infraestructura y programas de mitigación ambiental, así como internalizar los costos reales de las explotaciones. «Tenemos claridad de la importancia que la minería ha desempeñado, lo que representa en generar el primer eslabón de la cadena productiva de minerales metálicos y no metálicos. Es un absurdo eliminarla», subrayó el académico Ruiz.
«Debe haber mecanismos efectivos para que la sociedad pueda interpelar el otorgamiento de las concesiones, porque nadie les pregunta a los habitantes de una zona si están de acuerdo en la concesión de tierras», sugirió el experto.
En esta región hay 175 conflictos socio-ambientales que involucran a 183 proyectos mineros y a 246 comunidades, de los cuales 21 se ubican en México, según el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina.
La Cepal indica que la mayoría de disputas se relacionan con la extracción de plata, oro y cobre. La agricultura es el sector más perjudicado por la actividad minera. En el ciberespacio, la organización no gubernamental Pueblos y Ciudadanía Organizada ha recolectado más de 8.000 firmas dirigidas al secretario de Medio Ambiente, Juan Guerra, para detener de inmediato el proyecto aurífero Mina Esperanza, de la canadiense Esperanza Silver.
Este proyecto a cielo abierto ocupa 15.000 hectáreas en Tetlama, en el estado de Morelos, colindante con Ciudad de México. Organizaciones ambientalistas consideran que en México operan al menos 25 tajos a cielo abierto y que con nuevas concesiones esa cifra podría elevarse a 200, incluso en zonas donde no ha habido hasta ahora explotación minera.