Criminalización de la protesta y violencia Estatal impunes
Hace un año atrás, el 10 de julio de 2012, después de dos meses de un conflicto con muchos momentos de tensión y violencia, el presidente Evo Morales finalmente accedió a la demanda de las comunidades del Norte de Potosí, organizadas en la Federación de Ayllus Originarios Nación Charkas Qara Qara (FAOI-NP) afiliados a la CONAMAQ, de revertir al Estado las concesiones mineras de la empresa canadiense South American Silver, en la zona de Mallku Quta del municipio de Sacaca, provincia Alonso de Ibáñez de Potosí.
Mallku Quta, está pasando a la historia de las luchas de los pueblos en resistencia contra la minería transnacional, como uno caso emblemático de la instrumentalización del poder estatal en la protección de los intereses mineros y el reforzamiento del anclaje económico del país en el desarrollo extractivista primario exportador. Dos hechos de la actuación del Estado en este conflicto, debe llamarnos la atención, por un lado el abuso y mala fe en la criminalización y desprestigio de los movimientos en resistencia y sus líderes y por otro la poca voluntad para esclarecer y sancionar el uso de la violencia estatal, dejando en la impunidad a los responsables de crímenes contra la resistencia de los pueblos.