Las embajadas canadienses han protegido habitualmente y sin inmutarse los intereses de las compañías mineras canadienses en casos en los que las comunidades no las quieren y donde ha existido constancia de abusos ambientales y contra los derechos humanos. Sus intervenciones han sido estratégicamente programadas con respecto a cada proyecto minero o a decisiones políticas relacionadas con los intereses comerciales, demostrando el desprecio sistemático hacia las perspectivas e intereses de las comunidades afectadas.
