Más de 9 mil 900 hectáreas de terreno que equivalen al 40.5 por ciento del territorio de este municipio serrano, fue entregado mediante nueve concesiones a diferentes empresas mineras, así se desprende de la información de la Secretaría de Economía federal y de la organización Movimiento por Tlatlauquitepec.
Mientras comisiones de la Cámara de Diputados siguen revisando un punto de acuerdo emitido el 6 de febrero para crear un grupo plural que se encargue de los conflictos sociales derivados de los proyectos mineros e hidroeléctricos anunciados para la Sierra Norte de Puebla, en dicha región Grupo México, Frisco y empresas canadienses y chinas continúan con trámites y exploraciones, dijo Raymundo García, de la organización Causa Indígena.
En el caso de la mina Espejeras, que Frisco pretende explotar en Tetela, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) pretende privatizar la consulta a los pueblos indígenas al proponer que la propia empresa la realice y presente los resultados, lo cual rechazan las comunidades, porque el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo estipula que debe hacerla el gobierno en coordinación con las comunidades indígenas.
El diputado local por el PRI, Lauro Sánchez López, consideró que es necesario que el gobierno del estado apoye a los habitantes de Tetela de Ocampo que se oponen a la operación de Frisco, propiedad del empresario, Carlos Slim Helú, para lograr frenar este proyecto.
«El gobierno del estado debe mediar ante esta situación, previendo que afecte la tranquilidad, la paz social y la gobernabilidad en Puebla, además de proteger nuestros recursos naturales (…) Pido a las autoridades que nos ayuden a intervenir ante la federación para detener los proyectos en nuestro territorio”, expresó.
Compartió que desde el Poder Legislativo ya han realizado el trabajo, pues se aprobó un punto de acuerdo para exhortar a las instancias federales cancelar los permisos en Puebla para la exploración y explotación minera.
María Aranzazú Ayala
El problema para los habitantes de Tetela no es la minería en sí, sino la explotación a cielo abierto.
Don Felipe dice que tomemos una foto panorámica de La Cañada, comunidad de Tetela de Ocampo, y que le pongamos como pie: Este es el pueblo que quiere destruir Slim.
Tetela en náhuatl significa abundancia de cerros, lugar de los montículos con tesoros enterrados. Antes de llegar a la localidad entre las montañas de la Sierra Norte de Puebla, con un camino lleno de curvas constantes y una fuerte presencia de neblina, ya se ven los letreros en pequeñas cartulinas de colores fluorescentes: “Tetela dice no”, “Sí a la vida, no a la mina”. En la entrada del pueblo ya se ven pocos, pero es porque los arrancan, dice Don David, uno de los opositores a la minera a cielo abierto.
La asociación Tetela hacia el futuro, que se opone a la instalación de una mina de oro propiedad del multimillonario Carlos Slim en este municipio de la Sierra Norte de Puebla, comenzó la Campaña de los Pueblos y Organizaciones contra la Megaminería Tóxica que será en todo el país.
Este movimiento también está convocando a la creación de una nueva ley minera, que impida el daño a pueblos, comunidades y a recursos naturales por la práctica de la minería a cielo abierto, con el uso de sustancias como cianuro y mercurio que son altamente tóxicos.
La organización poblana está aliada en esta campaña con el Movimiento Morelense en contra de las Concesiones Mineras de Metales Preciosos; con La Asamblea Veracruzana y Defensa Ambiental; el Frente Amplio Opositor a la Minera San Xavier Pro San Luis Ecológico; con las Colonias Unidas de la Mira, Lázaro Cárdenas, Michoacán; Copuvo, de San José del Progreso, Oaxaca; Medio Ambiente y Sociedad, de Baja California Sur; la asociación Fundar; el Colectivo Radar; la asociación Concausa, así como la organización Sergio E. Uribe Sierra de Zacatecas.
Las concesiones mineras e hidroeléctricas del estado de Puebla no acatan la legalidad, pues ninguno de estos proyectos industriales fue consultado con las comunidades indígenas en donde se instalaron, principalmente en la Sierra Norte, según señaló el comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de la Secretaría de Gobernación federal, Jaime Martínez Veloz, quien expuso que proyectos mineros como los de Zautla, Ixtacamaxtitlán o la hidroeléctrica de Olintla violan la Constitución al ser aprobados sin la autorización expresa de los habitantes y están generando responsabilidades que podrían tener consecuencias.