El conflicto de la mina San Rafael Las Flores dejó algo más que un Estado de Sitio como respuesta a la oposición de los pobladores a la explotación de su territorio. Fue el punto de partida para que el Gobierno ensaye una nueva estrategia de seguridad, impulsada en secreto, y que ubica a los movimientos de oposición a los proyectos extractivos como una amenaza para la seguridad nacional.
San Rafael Las Flores se ha vuelto un extraño lugar donde todos parecen precavidos. Desconfían. Desde mayo de 2013, luego de que en este municipio de Santa Rosa se decretara un Estado de Sitio, las cosas son así. En las calles, en los parques, en las pequeñas tiendas de esquina, la gente observa con detenimiento a todo el que pasa frente a sus ojos. La alerta es espontánea. Los extraños no suelen pasar desapercibidos.
El conflicto de la mina San Rafael Las Flores dejó algo más que un Estado de Sitio como respuesta a la oposición de los pobladores a la explotación de su territorio. Fue el punto de partida para que el Gobierno de Guatemala ensaye una nueva estrategia de seguridad, impulsada en secreto, y que ubica a los movimientos de oposición a los proyectos extractivos como una amenaza para la seguridad nacional.
Siete campesinos guatemaltecos demandaron civilmente en Vancouver Canadá a la empresa minera canadiense Tahoe Resources por los daños que sufrieron en abril de 2013 cuando agentes de seguridad de dicha empresa les dispararon en medio de protestas contra una de sus minas en Guatemala.
El 1ro de mayo, mientras que Goldcorp anunciaba las ganancias del año en su asamblea general en Vancouver, en Toronto y Guatemala se llevaban a cabo actividades más sombrías con objeto de responsabilizar a esa empresa por el asesinato de la dirigente en resistencia a la minería, de 16 años de edad, Merilyn Topacio Reynoso Pacheco.
1 de mayo de 2014