Dada la cifra de 20 muertos civiles en protestas sociales durante el régimen de Ollanta Humala, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDH) lanzó la campaña “Ni un muerto más”.
Demanda al Tribunal Constitucional declare la inconstitucionalidad del Decreto Legislativo 1095, en vigencia desde septiembre de 2010, cuyo artículo 4.3° “amplia ilegítimamente la intervención de las FF.AA. más allá del estado de emergencia, cuando la capacidad de la Policía de mantener el orden interno se vea sobrepasada, sin precisar criterios específicos que regulen la norma e impidan su abuso”.
Ademas, el artículo 27° de dicho decreto extiende la competencia de la justicia militar a conductas ilícitas, y no precisa que debe tratarse únicamente de delitos de función.