Los gobiernos regionales en Perú no cumplen con la labor de supervisar a las personas y empresas dedicadas a la minería artesanal e ilegal en el país, ni reportan estas actividades a las entidades competentes, reveló un informe del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).
En Perú, las entidades de fiscalización ambiental son los 25 gobiernos regionales y la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas, pero en una evaluación de la OEFA ninguna entidad aprobó la evaluación de desempeño.
El informe de cumplimiento de los gobiernos regionales en 2013 señaló que los resultados muestran un mayor cumplimiento de las exigencias formales, como establecer las funciones de fiscalización minera en el Reglamento de Organización y Funciones de las entidades públicas.