Firmas mineras con operaciones en la provincia de Santa Cruz dijeron ayer que resistirán judicialmente un nuevo impuesto creado por el Gobierno provincial, urgido por necesidades financieras, que grava las reservas bajo tierra de las empresas. Según la agencia Reuters, el nuevo tributo afecta a productores de oro y plata como Cerro Vanguardia, de la sudafricana AngloGold Ashanti; Cerro Negro, de la multinacional GoldCorp; Manantial Espejo, de la canadiense Panamerican Silver; y Minera Santa Cruz, de la sociedad peruano-canadiense Hochschild. Las empresas reaccionan afirmadas en sus enormes beneficios fiscales, arancelarios y territoriales, y con la acostumbrada complacencia de los gobiernos locales y nacional.
Si la minería es buena o mala es un tema que no tiene discusión. No hay avance tecnológico ni crecimiento económico en el mundo moderno, sin actividad extractiva de minerales. Sin embargo la discusión es otra, entre ello cómo se explota, qué se obtiene, qué deja, cuáles son los controles y cómo se persuade a la gente para lograr su instalación; y la verdad que se revela posteriormente, dista mucho de aquellas promesas derramadas en los textos “informativos” que distribuyen las mineras, las conferencias de prensas previas, los “debates” y “charlas informativas” que sistemáticamente vienen sostenidas con el acompañamiento de las autoridades del pueblo, la provincia y la nación.