La noticia de que la Dirección de Seguridad en Comunicaciones de Canadá (CSEC por sus siglas en inglés) espió comunicaciones del Ministerio de Minas de Brasil brinda una idea del punto hasta el cual el gobierno de Canadá está dispuesto a llegar en aras de las empresas. El escándalo en Brasil es consecuente con actividades de autoridades canadienses tanto en Canadá como a través del cuerpo diplomático en el resto del mundo, pero va un paso más allá. Demuestra que, además del apoyo político y comercial, el gobierno canadiense está dispuesto incluso a poner en riesgo importantes relaciones de comercio para darle ventaja a la industria canadiense.
Los informes de Glenn Greenwald, publicados con regularidad en el periódico británico The Guardian y los documentos obtenidos por el ex analista de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, Edward Snowden – actualmente exiliado en Rusia – han revelado que el espionaje de la CSEC va mucho más allá de rastrear el terrorismo, y entra decididamente en el rango de espionaje industrial. Otro informe de The Guardian publicado el día de hoy demuestra que la agencia consultaba regularmente con empresas canadienses mineras y de energía.
En el año 2000 Chile se ubicaba en el quinto lugar del ranking mundial de costos directos, con un cash cost de 46 centavos la libra.
La Plataforma en Defensa de Cabana de Bergantiños, solidaria con la Reserva de la Biosfera de ‘Sierra Laguna’ en Baja California Sur (México).
Saltillo.- Un 32% de la explotación minera en México es canadiense y representa el 80% de la inversión extranjera que hay en el país en ese ramo, su participación se da principalmente en la explotación de oro y plata.
Elementos del Ejército Mexicano y policías federales, estatales y municipales invadieron ayer la mina La Platosa y el ejido La Sierrita, en Bermejillo, Durango, para forzar a los trabajadores a regresar a laborar en la empresa Excellon Resources y reprimir las protestas emprendidas por los ejidatarios contra la compañía canadiense, por incumplimiento del contrato de arrendamiento firmado desde 2008, denunciaron el sindicato minero y la organización Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Prodesc).